El próximo viernes cerca de 3.000 ganaderos de ovino (2.991 en total) recibirán en sus cuentas el abono de las ayudas acopladas de la PAC para este sector. Una inyección de 13,4 millones de euros que llegan cuatro meses antes que el año pasado, gracias al esfuerzo de la administración regional, que ha decidido priorizar los pagos a este sector debido a la situación de dificultad que el colectivo atraviesa por la crisis sanitaria.
Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha participado en el foro ‘El debate de la PAC en España’, organizado por el periódico digital especializado qcom.es y moderado por el director de Agrifood Comunicación, Ricardo Migueláñez y Elisa Plumed, presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE). Un foro en el que se ha contado, además, con la presencia de los consejeros de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón y Medio Rural de Galicia, Joaquín Olona y José González , respectivamente.
De forma previa, en declaraciones a los medios de comunicación, Martínez Arroyo ha explicado que el próximo abono es una inyección económica muy importante, que se une a las ayudas especiales de ovino y caprino, ya pagadas, haciendo un total de 18,6 millones de euros. Se ha optado por que estas fueran las primeras ayudas acopladas que se pagaran en Castilla-La Mancha, porque el del ovino y caprino es un colectivo prioritario en la gestión ayudas. Así se ha puesto por delante la importancia del sector en términos económicos y también sociales y territoriales.
Estas cantidades, ha destacado el consejero, se unen a los 352 millones de euros del anticipo desacopladas realizadas el pasado 16 octubre a los agricultores y ganaderos de la región, lo que pone de manifiesto que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está “cumpliendo con la gestión y los agricultores y ganaderos”.
En el debate de hoy, en el que han participado más de 500 personas inscritas, se han afrontado cuestiones importantes en las que las comunidades autónomas deben ponerse de acuerdo a nivel nacional.
