Castilla-La Mancha recupera hoy la Ley de la Viña y el Vino, una normativa debatida en las Cortes regionales y que ha llegado de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha con el trabajo con todo el sector para “defender los intereses del sector más representativos de nuestra tierra”.
Así lo ha manifestado esta mañana el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en su intervención en las Cortes, donde ha agradecido a todos los representantes del sector su asistencia apoyando esta normativa porque “era necesario que en Castilla-La Mancha aprobáramos esta Ley”. Aunque, ha remarcado, “no deberíamos estar aprobándola hoy, debería estar en vigor” y es que la Ley anterior de la Viña y el Vino se derogó, ha recordado, en el año 2012 con el PP y Castilla-La Mancha “se quedó sin ley” por un “rodillo ideológico del bueno”, cuando es la región con más superficie del mundo, con más producto elaborado y más intereses económicos.
Esta normativa, que llega justificada por la importancia del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, el más significativo del sector agroalimentario por sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, territoriales, culturales y patrimoniales, supone cerca de un cinco por ciento, por sí mismo, del Producto Interior Bruto de la Comunidad.
El consejero ha puesto sobre la mesa los datos que así lo corroboran. Más de 450.000 hectáreas de viñedo colocando a la región en la primera a nivel nacional en extensión; 80.000 familias detrás, y un cultivo que da empleo a 43.000 trabajadores y que cuenta con 484 bodegas (205 de ellas cooperativas), con una media de producción de 23 millones de hectolitros de media por lo que “somos la bodega del mundo” y en la que “cada vez facturamos más, ganamos mercados”.
El Plan Estratégico del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha de febrero de 2019, analizaba la situación del sector regional y proponía una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo, incluyendo la creación de esta normativa, “resultado de trabajo del sector y con la academia de Castilla-La Mancha, con nuestra universidad pública”. De esta manera, ha recordado, “nos propusimos facturar 2.500 millones euros en 2025 y hoy factura ya 2.000”.
La Ley de la Viña y el Vino intentará dar respuesta a las necesidades del sector vitivinícola. Paralelamente a esta ley, ha dicho Martínez Arroyo hoy, se está trabajando en una nueva Ley de Calidad Agroalimentaria en Castilla-La Mancha que se aplicará al vino en las cuestiones que sean comunes al resto de productos agroalimentarios, sobre todo en las figuras de calidad.
Novedades
En la nueva normativa se incluyen nuevas menciones en el etiquetado, distintas a las que se han tenido hasta ahora, como topónimos de mayor o menor ámbito que la indicación geográfica donde se encuentre la bodega. De manera particular, el nuevo concepto de ‘vino de finca’ se incluye por primera vez en España en una normativa, lo que permitirá elaborar por primera vez el vino con cepas de una bodega dentro de la misma denominación de origen, incluyendo este concepto y el de la DO en el etiquetado.
El viñedo, ha remarcado Martínez Arroyo, “vertebra” la región y “si no fuera por el sector del vino Castilla-La Mancha no sería lo que es”.
En esta Ley quedan reflejadas la autorización de nuevas variedades de vid en Castilla-La Mancha; se incluye prácticas enológicas que no estaban reguladas hasta ahora o la creación de una interprofesional del vino regional a petición del propio sector.
En ella, Martínez Arroyo ha destacado la apuesta por digitalización y por primera vez en esta misma campaña va a haber digitalización en los libros de bodega, algo que se va a ir incrementando, dentro del trabajo en esta línea impulsado por el Gobierno de la mano con la Universidad regional para que llegue a todo el sector la aplicación de la tecnología Blockchain para identificar los productos desde el consumo al origen con un código QR.
El consejero de Agricultura también ha hecho referencia a la puesta en marcha de las nuevas ayudas para las cepas más viejas de la comunidad, con 26 millones de euros, dentro del Programa de Desarrollo Rural, con 100 euros por hectárea para aumentar la rentabilidad de un viñedo, que, “si no, no lo tendría”.
Han asistido al debate de esta normativa, desde la tribuna del salón de plenos, representantes de diferentes denominaciones de origen de la región, como la DO La Mancha, Uclés, Manchuela o Ribera del Júcar; representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, Asaja UPA y COAG; de ADEVIN; de la Federación Española del Vino; de los sindicatos CCOO y UGT o de la propia Universidad de Castilla-La Mancha.
