Castilla-La Mancha se propone ser la región que mayor control de trazabilidad aporte al sector del vino, desde el productor de la uva hasta el consumidor. El consejo de gobierno de la comunidad autónoma aprobó ayer el anteproyecto de la nueva Ley de la Viña y el Vino, que se prevé que pueda llegar a las Cortes regionales antes del próximo verano
Los vinos producidos en Castilla La Mancha podrán adoptar la figura de “Vino de Finca” como denominación adicional y contarán, en 2024, con un Código QR a través del cual se verificará toda la cadena vitivinícola del producto, desde el campo hasta el punto de venta. Con el nuevo texto normativo se pretende cubrir el vacío que dejó la derogación en 2013, de la anterior Ley de la Viña y el Vino de Castilla La Mancha, por parte del entonces gobierno del Partido Popular.
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó ayer el anteproyecto de la nueva Ley de la Viña y el Vino, que antes de debatirse en las Cortes regionales, pasará el filtro del Consejo Consultivo. El texto podría estar aprobado dentro del actual periodo de sesiones, antes de finalizar el verano.
El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha lo componen 85.000 viticultores y hasta 600 bodegas y cooperativas. El anteproyecto de ley prevé autorizar nuevas variedades de vid y simplifica el procedimiento para tramitar indicaciones geográficas protegidas. Habrá novedades en los etiquetados.
La ley protegerá el viñedo de secano en vaso, destinando 26 millones de euros a las 50.000 hectáreas aún existentes de esta modalidad de cultivo de vid.
El Gobierno regional va a destinar más de medio millón de euros este año para la promoción de nuestros vinos de calidad en Fenavin de Ciudad Real”.
La nueva Ley contempla la autorregulación del sector y la necesidad de lograr acuerdos de campaña. Se impulsa la interprofesional regional del vino.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado el impulso al asociacionismo agrario, la integración de las mujeres en todos los niveles del sector y el relevo generacional, que constituirán criterios preferentes en subvenciones y ayudas al sector.
