Mejorar la gestión del agua, mejorar el servicio que recibe la ciudadanía y mejorar el medio ambiente. Estos son los tres objetivos clave que pretende conseguir el Gobierno de Castila-La Mancha con la que será la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, tal y como ha avanzado hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Una normativa que considera el agua como un “derecho humano” y lo trata, “a partir de ahora, como un bien público, no privativo” partiendo de un planteamiento basado en la economía circular del agua y del concepto de solidaridad entre pueblos y ciudades, “contribuyendo a mejorar el medio natural y a la preservación de nuestros humedales y con las miras puestas en que el agua tiene que servir también, como la economía, para la redistribución de la riqueza”.
Martínez Arroyo, acompañado por el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, José Manuel Martín, ha desgranado algunas de las novedades que conllevará esta normativa durante la rueda de prensa, ofrecida desde el Palacio de Fuensalida de Toledo, tras la aprobación esta semana en el Consejo de Gobierno del anteproyecto, y que, tras su posterior paso por el Consultivo -y el último visto bueno del Gobierno regional- se enviará a las Cortes para su aprobación definitiva, prevista para antes de finalizar este año.
Se espera, que la misma sea aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, ya que, como ha explicado el consejero, además de emanar del Acuerdo del Agua de la región, ha sido muy participativa, con más de 60 alegaciones y más de 50 entidades formando parte de su elaboración y discusión posterior del texto.
Puntos relevantes de la Ley
Así, con esta nueva normativa, Castilla-La Mancha va a poder opinar en los procesos de toma de decisiones que tengan que ver con transferencias de cuencas en la región. Siendo, el “reflejo de un anhelo histórico” de la Comunidad Autónoma.
También, esta Ley de Aguas modifica el Consejo Regional del Agua haciéndolo coherente con el órgano “preferente” en esta política hídrica en la región, que es la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha.
En esta nueva Ley se establece un canon medioambiental en cumplimiento, entre otras, de la directiva marco del agua y de la aplicación de normativa de medio ambiente, con el principio de ‘quien contamina paga’ y la recuperación de costes revirtiendo el canon en la realización de obras hidráulicas. La Comunidad Autónoma era, todavía, una de las dos únicas a nivel nacional en las que este canon no estaba en vigor.
Con estas infraestructuras se garantizará el ciclo integral del agua, para lo cual se pondrá en marcha un plan específico de depuración que se presentará en la próxima reunión de la Mesa Regional del Agua, que se celebrará en Albacete a finales de este mes o principios del mes de octubre.
El canon medioambiental, ha dicho Martínez Arroyo, parte de un concepto avanzado de la normativa en materia de agua, “muy progresista” porque pretende también la redistribución riqueza. Y es que estas infraestructuras beneficiarán a toda la ciudadanía de la región, pero habrá una discriminación positiva en el canon a favor de los ciudadanos y ciudadanas del medio rural y otros colectivos, afrontando de esta manera, también, el reto demográfico.
Bonificaciones
Además, se contará con un 100 por cien de bonificación para colectivos que estén en riesgo de exclusión social, víctimas de la violencia género o familias numerosas generales o especiales; un 50 por ciento, para los habitantes de municipios de menos de 2.000 habitantes y, para las de 2.000 a 5.000 vecinos, la reducción será del 25 por ciento; reducción también en el caso de la industria agroalimentaria “pilar económico de la región”, que será del 40 por ciento y, en el caso de las cooperativas y sociedades de transformación, se situará en el 70 por ciento.
Todo, ha dicho Martínez Arroyo, “tras un trabajo exhaustivo desde el punto de vista técnico para que el efecto del canon sea el menor posible y los beneficios fiscales para colectividades en el medio rural los mayores posibles”.
También, se armonizará con esta ley el canon de aducción de las aguas de tal manera que se beneficiará a los habitantes de los pueblos más pequeños, en aplicación de la Ley contra la Despoblación en la región.
Esta nueva normativa, ha subrayado Martínez Arroyo, va a cubrir un “hueco importante” en la región, en esta materia, ya que “nos habíamos quedado muy desfasados”, la realidad de la región ha cambiado en los últimos años y “era muy urgente tomar una decisión en este sentido”, dado que la ley actual del Ciclo Integral del Agua es del año 2002, la cual será derogada con su entrada en vigor.
Mejoras en las cuencas del Tajo y Segura
Martínez Arroyo ha explicado otros puntos de interés en los que se trabaja desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, y que pasan por la cuenca del Tajo en relación con la del Segura; la depuración o la Tubería a la Llanura Manchega.
En cuanto al primero de los asuntos, ha recordado el titular de Agua de la región, que se han producido muchos avances gracias a la sintonía con el Estado, y por primera vez se van a incluir los caudales ecológicos obligatorios en la Planificación Hidrológica. En el caso de Aranjuez, el borrador cifra en 8,65 m3/seg el caudal que debe pasar, un 44% más que el caudal mínimo ahora vigente, algo que “es muy relevante para nosotros”. En Toledo, serán 17,25 m3/seg (72,5%) y en Talavera 18 m3/seg (80%) frente a los caudales mínimos actuales.
A esto se le une, la modificación del Real Decreto 773/2014, el del ‘memorándum de Cospedal’, consiguiendo que, estando los pantanos de cabecera en nivel 2, se trasvasen 27 hm3 y no 38 hm3 como hasta el momento. “No es solo importante la reducción, sino que significa que los embalses de cabecera aumenten en 200 hm3 la lámina de agua, según dicen los técnicos”, ha dicho Martínez Arroyo.
Además, el consejero ha aludido a las mejoras en la cuenca del Segura: como la oficina abierta en Hellín por la Confederación Hidrográfica del Segura, que se hayan hecho efectivos los hectómetros cúbicos para regadíos sociales que preveía la planificación y no se habían hecho efectivos en 20 años, entre otras. Sin olvidar los 900 millones de euros del Estado para la depuración de aguas en Madrid que redundará en la mejoría del río Tajo.
Más inversiones en depuración
Martínez Arroyo ha señalado la importancia de los Fondos de Reconstrucción en materia de depuración en Castilla-La Mancha. Así, se cuenta con 16 millones de euros en depuradoras para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, que supondrán una inversión pública total, uniendo los fondos propios del Gobierno, de 30 millones de euros, entre las que se encuentran las de Alcaraz, La Gineta, La Guardia, Mahora, San Pedro, El Toboso o Uceda.
A esta cuantía se le unen los otros once millones de euros para realizar obras de abastecimiento en municipios de hasta 20.000 habitantes en Castilla-La Mancha, para lo cual, ha anunciado el consejero, este mismo otoño se va a sacar una convocatoria de ayudas desde la Agencia del Agua.
Además, se está construyendo la EDAR de Argamasilla y la sustitución de los bombeos para los regantes de la cuenca del Júcar en Albacete y Cuenca, con 52 millones de euros.
También, se están invirtiendo más recursos propios hasta 130 millones de recursos propios en regadíos para los próximos años y, además, se realizarán obras de la SEIASA por valor de 33,6 millones de euros en embalse de Peñarroya en Ciudad Real, o las comunidades de regantes de Fuente Álamo o Pozocañada, en la provincia de Albacete.
La puesta en marcha de la Tubería a la Llanura Manchega más cerca
Desde El Gobierno de Castilla-La Mancha se trabaja con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la apertura de la Tubería a la Llanura Manchega. Así, para esta primavera de 2022 se espera esté abierto el ramal nororiental que dará servicio a 15 municipios y una población de alrededor de 80.000 habitantes de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, aportándoles agua “de calidad y en cantidad suficiente todos los días del año, sin restricciones”, tal y como ha resaltado Martínez Arroyo. Se trata de los entre ocho y diez hectómetros cúbicos de los 50 que tiene por ley garantizados Castilla-La Mancha.
A este tramo el siguiente, será el que da servicio a la comarca del Campo de Montiel, para lo cual se firmarán este otoño acuerdos con los ayuntamientos afectados y una obra de 35 millones de euros, para eliminar las dificultades de abastecimiento que sufren.
Martínez Arroyo ha sido claro y ha recalcado que “este agua no supone un incremento del agua desembalsada del trasvase, sino que en vez de que se vaya al Levante, se destinaría al Alto Guadiana, con un planteamiento de total solidaridad y solo para consumo humano”, ha concluido.
