El fin de seis meses de Estado de Alarma y la necesidad de mantener medidas restrictivas a la movilidad son causa de debate entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que reclaman una herramienta legal para poder limitar derechos fundamentales, si el aumento de contagios así lo requiere. El portavoz del gobierno municipal y profesor del Grado de Derecho en la UNED, Francisco Delgado, se pronunció en la Tertulia de Televaldepeñas sobre esta cuestión.
Francisco Delgado, abogado con larga experiencia y responsable de Régimen Interior en el Ayuntamiento de Valdepeñas, se atiene al Real Decreto Ley del gobierno que modifica la Ley de lo Contencioso Administrativo, para que el Tribunal Supremo resuelva en un plazo máximo de 5 días, los recursos de casación de los gobiernos regionales, por la denegación de medidas restrictivas a cargo de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
Tres requisitos
Las medidas limitadoras de la movilidad, en forma de toque de queda o de cierre perimetral tendrán que cumplir tres sencillos requisitos para ser convalidadas por los tribunales: “que sean idóneas, que sean necesarias y que sean proporcionales”, explica Delgado.
A título particular, Francisco Delgado, profesor-tutor del grado de Derecho en la UNED, no comparte la descentralización a las comunidades autónomas de la gestión de la pandemia. Cree en una toma de decisiones centralizada, porque “el derecho a la vida –opina- debe ser protegido por el Estado, dejando a los gobiernos regionales, la gestión de los recursos sanitarios”. “Una guerra con un solo enemigo no puede afrontarse con 17 ejércitos y 17 generales, con 17 opiniones sobre la forma de afrontar una situación como ésta”.
Con todo, la mayoría de las comunidades autónomas ya han manifestado la imposibilidad legal de mantener el toque de queda, sin el “paraguas” del Estado de Alarma, definido en la Constitución, junto a los de Excepción y de Sitio, como única herramienta bajo la que pueden limitarse o suspenderse derechos fundamentales.
