Las nuevas ayudas a la solvencia empresarial, decretadas por el gobierno de la región y publicadas la pasada semana en el Diario Oficial de Castilla La Mancha buscan compensar el endeudamiento de las empresas y la caída de su facturación. Distintos representantes empresariales cuestionan que con descensos de la cifra de negocio inferiores al 30 por ciento no se concedan las ayudas.
De entrada, agradecen esta nueva línea de apoyo, procedente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero advierten de que empresas o profesionales que han visto minorar su negocio en una proporción elevada, pueden ser excluidos de la suvbvención.
Las condiciones para acceder a las nuevas ayudas a la solvencia empresarial, tal como se plantean, pueden dejar fuera a empresas que verdaderamente hayan visto decrecer sus negocios, como consecuencia de la pandemia. Acreditar una caída en ventas inferior a un mínimo del 30 por ciento o haber recurrido a reservas propias en lugar de a crédito excluye a actividades también necesitadas de ayuda.
Poder atender con recursos propios los pagos a proveedores o la devolución de créditos ICO sin recurrir a nueva deuda deja a la empresa fuera de estas nuevas ayudas, pese a que los ingresos hayan caído de manera significativa. Es lo que opina José Crespo, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Castilla-La Mancha.
Un punto de vista que comparte el presidente de la Federación Comarcal de Empresarios de Valdepeñas, FECEVAL, Cándido Simarro, para quien las empresas que apuran sus reservas para pagar sin recurrir a préstamos, “al final no tienen deuda, pero tienen ruina”.
Una primera lectura del decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha del pasado 9 de junio hace temer casos injustos que se solventarían ajustando las ayudas a la pérdida real de ingresos derivada de la pandemia y al endeudamiento que es consecuencia de la misma crisis.
Los datos de la pandemia mejoran día a día, pero las ayudas llegan cuando los sectores más sensibles llevan más de un año resistiendo.
