Todos sabemos que el sector energético, especialmente en lo que respecta a la electricidad, es sumamente complejo. Durante casi dos años, debido a diversas circunstancias que le han afectado, los ciudadanos hemos estado recibiendo información casi a diario sobre la fluctuación de los precios en el mercado mayorista de electricidad.
Ya sea en mayor o menor medida, tanto las industrias como las pymes y los hogares nos hemos vuelto sensibles a estos cambios por motivos económicos y medioambientales. Hemos comenzado a revisar nuestras facturas con mayor detenimiento y hemos tomado decisiones en busca de ahorro. Sin embargo, ¿qué están haciendo las administraciones públicas al respecto?
Los ayuntamientos de nuestras ciudades reciben cientos de facturas de electricidad. Un municipio de 10000 habitantes puede recibir alrededor de 1200 facturas cada año. Surgen entonces las preguntas: ¿Son estas facturas correctas?, ¿las condiciones técnico y económicas contractuales reflejan la realidad del mercado y la regulación en cada momento?
En general, los ayuntamientos tienen una potencialidad de ahorro del 5% al 15%. Para lograrlo, es necesario que expertos en la materia realicen un trabajo metódico y continuo de control y verificación de todas las facturas, así como de optimización de las condiciones de contratación. A pesar del esfuerzo del personal técnico y administrativo de los consistorios, este trabajo requiere una especialización y dedicación que a menudo no tienen.
La eficiencia energética desempeña un papel fundamental en nuestro avance hacia la descarbonización de la economía, y los ayuntamientos están contribuyendo mediante la instalación de energías renovables y la sustitución de sistemas de alumbrado público por opciones más eficientes, entre otras medidas. Sin embargo, no podemos detenernos ahí. Es fundamental que también trabajemos en la eficiencia tarifaria para lograr un mayor ahorro.
* Asesor en Tarificación y Facturación
