La fuerte polémica en Ciudad Real por la posibilidad de que el gobierno central ubicase en las instalaciones del aeropuerto de la capital provincial, un Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes, se ha resuelto en menos de dos semanas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones finalmente ha descartado esta opción para levantar el quinto centro de estas características después de los que ya funcionan en España.
El comunicado del departamento de la ministra Elma Saiz esgrime "motivos técnicos" para descartar Ciudad Real. Después de varias semanas de "prospección", por el incremento de las llegadas de migrantes en situación irregular a las costas españolas, especialmente Canarias, respecto del último año, y la previsión hasta finales de 2024, el Ministerio decide "dirigir recursos hacia otras alternativas".
En el mismo comunicado se apela a la "solidaridad interterritorial" y el apoyo entre administraciones para "afrontar el desafío de la migración".
El hecho de que el Ministerio y la empresa propietaria del aeropuerto, CRIA, mantuviesen en secreto las conversaciones para instalar allí el Centro de Inmigrantes, al margen del gobierno autonómico (competente en materia de atención social) y del Ayuntamiento afectado, agravaron la controversia al trascender estos planes al conocimiento del propio gobierno regional, que se pronunció por primera vez el pasado 14 de octubre.
A su rotunda oposición se sumó la de la Diputación de Ciudad Real, la Federación de Empresarios, FECIR, la Cámara de Comercio y hasta la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Un rechazo al que la empresa titular de la infraestructura respondió esta semana criticando la "reacción desaforada" y "en tromba", por lo que consideraba un uso del aeropuerto "temporal" para atender una emergencia "humanitaria".
El propio gobierno regional salía al paso de ese comunicado señalando al beneficio económico que la empresa obtendría a cambio y anunciando posibles sanciones por el eso del aeropuerto para fines distintos de aquellos por los que se aprobó el Proyecto de Singular Interés.
