ASAJA Castilla-La Mancha se concentrará el próximo 17 de diciembre, en Toledo, para demandar medidas inmediatas que garanticen la viabilidad de las explotaciones agrarias. La concentración se celebrará en la sede provisional de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
De esta forma, a partir de las 11:00 de la mañana en la céntrica Plaza de San Vicente de Toledo, los agricultores defenderán sus producciones y pedirán la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Así lo ha dado a conocer el presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, en la rueda de prensa ofrecida esa mañana para informar de los detalles y los motivos de la movilización.
Fresneda, que ha estado acompañado del vicepresidente de la organización, Pedro Alcolea, ha hecho un llamamiento a la sociedad y ha pedido la complicidad de los consumidores: “Queremos llegar a la gente, penetrar en el tejido social para explicar qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Los oportunistas no tienen cabida, pero la sociedad tiene derecho a conocer y decidir lo que come, así como a saber la realidad de lo que ocurre en el sector agrario”. Por ello, ha añadido, “programaremos un calendario de actividades con el conjunto de la sociedad civil encaminadas a este fin”.
El presidente de la organización se ha referido a los altos costes de producción, el comercio internacional y las políticas conservacionistas, como los ejes de las protestas de los agricultores. En este sentido, ha criticado la falta de reciprocidad en las negociaciones con MERCOSUR o la falta de previsión ante una posible política arancelaria de Trump como ya ocurriera la vez anterior: “Francia e Italia se pusieron las pilas y protegieron sus productos, el queso, el vino, el aceite…, cosa que aquí no ocurrió”.
Igualmente, en relación a las políticas conservacionistas, ha lamentado que “quieran incorporar componentes ideológicos en los problemas y soluciones que proponemos” y se ha referido al nombramiento de la nueva ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, como “una oportunidad perdida por parte del presidente del Gobierno para que miren por el buen uso del agua”.
Principales reivindicaciones del sector
Los agricultores reclaman, en primer lugar, el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria. Denuncian que las prácticas comerciales desleales y la falta de supervisión están generando precios que no cubren los costes de producción, lo que pone en peligro la supervivencia del sector. Instan a la AICA y a otros organismos competentes a intervenir con urgencia para garantizar precios justos que eviten la ruina del sector productor.
En este contexto, también consideran imprescindible la creación de un Observatorio de Costes que garantice la transparencia en la formación de precios. Este organismo debe servir como herramienta clave para que los precios reflejen los costes reales de producción y proteger así a los agricultores frente a posibles abusos en la cadena de valor. Asimismo, solicitan la implementación de una Estrategia Nacional de Producción Agraria que aborde los costes crecientes y la volatilidad de insumos esenciales como fertilizantes y energía. Esta estrategia debería involucrar a todos los ministerios competentes, introducir medidas fiscales, regular oligopolios y fomentar el consumo interno de productos clave, como los cereales.
Otro punto crítico es el sistema de seguros agrarios, considerado actualmente ineficaz para proteger las rentas de los agricultores frente a adversidades climáticas. Exigen un modelo renovado que garantice la cobertura total de la producción y ofrezca indemnizaciones justas que reflejen las pérdidas reales sufridas.
En cuanto al control de importaciones, los agricultores solicitan la aplicación de aranceles disuasorios o el incremento de los precios de intervención para evitar el hundimiento de los precios nacionales provocado por las importaciones masivas, en especial de cereales. Piden medidas efectivas para supervisar la trazabilidad, la calidad, la temporalidad, los precios y los volúmenes de los productos importados, demandando que cumplan con los mismos estándares exigidos en España.
Finalmente, insisten en la incorporación de “cláusulas espejo” en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, para garantizar condiciones de competencia justas y proteger a los sectores más sensibles. También piden un etiquetado transparente que permita a los consumidores identificar claramente el origen de los productos y tener la certeza de que cumplen con las normativas europeas.