Cuando el PP pierde las elecciones y está en la oposición se bloquea la renovación de las instituciones. Esto que podría parecer una opinión va camino de convertirse en un axioma científico, algo tan evidente que no se puede rebatir. Un hecho tan claro como que la lluvia cae del cielo o que el sol calienta. Vayamos a los hechos:
La Constitución y su desarrollo en la Ley Orgánica del Poder Judicial afirma que el Consejo General del Poder Judicial, que desempeña el gobierno de los jueces, debe renovarse por una mayoría reforzada de votos en el Congreso y el Senado cada cinco años, eligiendo a juristas y magistrados de reconocido prestigio, atendiendo a lo que determinen los ciudadanos con su voto.
Con la misma ley, en los últimos veinte años, el CGPJ debería haberse renovado con absoluta normalidad democrática en los años 2001, 2006, 2013 y 2018. No hubo problemas en el 2001 y 2013, cuando el PSOE estaba en la oposición, fue renovado. Sin embargo, no ocurre así cuando el PP pierde; boicotearon su renovación en el 2006 con el señor Rajoy como líder de la oposición y boicotean ahora con Casado.
Lo misma situación de bloqueo del CGPJ la sufre el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Órganos del Estado cuya renovación es una exigencia constitucional y su demora, por más de 100 días, una señal alarmante de declive institucional. Una señal peligrosa en estos tiempos en los que la democracia parlamentaria se encuentra en peligro por el virus del populismo.
Y es que la actitud del PP imita al peor populismo. El mismo populismo que no entiende las instituciones como un espacio de todos sino un lugar donde hacer política de parte. Sólo desde esa razón se entiende que el PP no quiera acordar el desbloqueo. Para ellos es más cómodo continuar con unas instituciones cuyos miembros fueron nombrados en el 2013, cuando disfrutaban de una cómoda mayoría absoluta, que cumplir la Constitución y renovar los órganos en funciones.
Da igual que 8 años después hayamos acudido varias veces a las elecciones; para el PP es más cómodo el bloqueo que el voto de la ciudadanía. Y es que podríamos deducir de todo esto que el PP en oposición tiene una máxima: impedir el buen desarrollo de la legislatura.
Para ocultar esta realidad hemos escuchado distintas excusas de los populares; un día dicen que la ley es inconstitucional, pero la ley lleva siendo la misma desde hace 36 años y está avalada por el Tribunal Constitucional. Al otro, apelan a la Comisión Europea, la misma institución que en los dos últimos informes sobre Estado de derecho en 2020 y 2021 ha rogado encarecidamente el desbloqueo del CGPJ. Lo único claro es que el tiempo pasa, el bloqueo permanece y las excusas se le acaban al PP.
Si aquellos que presumen de ser “los más constitucionalistas” no la respetan, pareciera que solamente lo son cuando les interesa. ¡Qué curiosa forma de entender la democracia! Señorías, la Constitución se respeta y cumple con hechos y aceptando el resultado democrático. Ya lo dice el refrán: obras son amores y no buenas razones.