«El Führer está defendiendo el ámbito del derecho de los peores abusos al hacer justicia de manera directa en el momento del peligro, como juez supremo en virtud de su capacidad de líder. “En ese momento yo era el responsable del destino de la nación alemana y por ende el juez supremo del pueblo alemán.” El auténtico líder siempre es también juez. De su capacidad de líder deriva su capacidad de juez.»
Carl Schmitt: «El “Führer” defiende el derecho» (30 de junio de 1934), en Yves-Charles ZARKA: Un detalle nazi en el pensamiento de Carl Schmitt. Barcelona, Anthropos, 2007, p. 88
«―…cuando lo hace el Presidente, eso significa que no es ilegal.
―¿Por definición?
― Exactamente.»
Entrevista David Frost-Richard Nixon, 1977 [https://www.youtube.com/watch?v=dMt8qCl5fPk]
Consummatum est. Cuando se escriben estas líneas, no ha mucho que prometía ante el Jefe del Estado («por mi conciencia y honor». No es ironía, es la fórmula…) su cargo de Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Cuatro días antes, el 13 de noviembre, el portavoz del grupo parlamentario PSOE Patxi López presentó, en solitario, «por el procedimiento de urgencia»,la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, avalada y aplaudida por el comité federal y la militancia del PSOE. Según datos proporcionados por el partido, de 170.000 afiliados participó el 63’4 %, y, de estos, el 87’13 % votó a favor. Es decir, un 55’24 % de la militancia votó a favor y un 44’76 % no votó o lo hizo en contra, en una consulta en la que no se mencionaba explícitamente la cuestión de la amnistía. En Castilla-La Mancha se ha sabido que la abstención en la consulta superó el 50 % y que optaron por el NO el 21’8 %. La simple redacción del título de la Proposición de Ley indica que el ejecutivo (a la sazón, en funciones) entiende y admite que la situación en Cataluña no es de «normalidad», y que por eso hay que proceder a su «normalización». En la redacción de la Ley, y ya en la larguísima y farragosa (y mendaz) «exposición de motivos», se reitera la situación de «especial crisis política», de «conflicto político», de «[alta] tensión política, social e institucional»… Se habla de una situación para cuya superación se ha de «excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes»; de la necesidad de tomar «una decisión política»; la Ley se define a sí misma (su redactor la define) de manera reiterada como «plenamente constitucional» en un caso inconcebible de autorreferencialidad, independiente del juicio del tribunal que debe entender y sentenciar al respecto, el Tribunal Constitucional, alimentando las sospechas de que el redactor de la Ley forma parte del propio Tribunal, si no es su más alto miembro (afectísimo al Gobierno), y la entregó al ejecutivo perfectamente blindada ante un eventual recurso de inconstitucionalidad…que él mismo habría de juzgar. El paripé perfecto: el examinador que le hace el examen al examinado y le pone un 10. Excepción, decisión, autorreferencialidad constitucional de la Ley: Carl Schmitt, el jurista del Tercer Reich, estaría encantado («Ley es toda palabra que sale de la boca del Führer»). El uso erróneo y perfectamente torticero de la expresión y el concepto de «democracia militante» enmascara una clara vocación de militancia antidemocrática, que ha sido explicitada por Sánchez es su inquietante y esperpéntica réplica a Feijóo durante la sesión de investidura: «la dictadura de los votos». Aún desencajada su mandíbula por las histéricas carcajadas de un rato antes (otro momento bochornoso), el candidato espetó al Congreso, sede de la soberanía nacional (no «popular», como dice la Ley de amnistía) en un estado democrático de derecho, que lo que se estaba escenificando en ese lugar y en ese momento era una «dictadura de los votos». Su astenia intelectual y su nula preparación le lleva a no reconocer en esa expresión una amenaza brutal al sistema democrático representativo de derecho. Porque una «dictadura de los votos» es UNA DICTADURA. Como una«dictadura del proletariado» (Marx, Lenin, Stalin) es UNA DICTADURA y una «dictadura de los buenos» (Hayek, Camino de servidumbre) es UNA DICTADURA. Y toda forma de «despotismo elegido» o «tiranía de la mayoría» (Giovanni Sartori: ¿Qué es la democracia?, Taurus, 2003, p. 136) es una amenaza mayor contra la democracia. El camarada exvicepresidente Iglesias debió de dar un bote de alegría en el sofá, en la mansión donde sea que viva ahora. También cabe la posibilidad de pensar que no es del todo una cuestión de ignorancia y que Pedro Sánchez albergue en su corazoncito la esperanza de establecer en España una «democracia popular» a lo chino, norcoreano, campucheano, cubano, aleman oriental o similares, es decir, una democracia sin soporte en el Derecho, en la Ley, en la que los representantes elegidos por los votos deciden, en cada momento, por la fuerza bruta de la mayoría, qué es La Ley, ante la perplejidad de la ciudadanía que no les votó para eso o con la anuencia de la plebe que les votó precisamente para eso: para otorgarles poderes absolutos por encima de la Ley y el Derecho. «Ley será toda palabra que salga de la boca del Líder».
No es lugar este para una lectura y comentario exhaustivos de la delirante Ley de amnistía [lapsus linguæ de Bolaños, corregido sobre la marcha: «ley impecable desde el punto de vista inconstitucional…»]. Tiempo habrá. Como para analizar el tan famoso como mal comprendido y socorrido concepto de lawfare (adelanto a beneficio de inventario y para guía de perplejos: en buen español, «activismo judicial», no «guerra judicial» ni «judicialización de la política» ni, menos aún, «politización de la justicia»… ¿Activismo judicial? ¡¡Ojalá!!)
Solo algunos apuntes sueltos y desordenados…
―El a la sazón presidente en funciones y candidato repite, ya en la sede de la soberanía nacional y ante los representantes del pueblo español la incoherencia lógica, la falacia, de que «toca hacer de la necesidad virtud». Lo peor no es que Sánchez sea presidente del Gobierno de España. Lo peor es que no tiene quien le asesore…aparte de sus bien pagados asesores.
―[A Feijóo] «¿No se da cuenta de que los independentistas lo que quieren es irse [de España, se entiende]?». Y usted negocia con ellos y se adhiere a sus exigencias…
―Después de las palabras de Rufián (ERC) y Nogueras (JpC), brutales, humillantes, ¿no tiene el señor Sánchez lo que hay que tener (principios y decencia moral, cívica y política ―por este orden― para decirles «hasta aquí hemos llegado» y, dirigiéndose a la Presidenta del Congreso (otra que tal baila…), retirar la candidatura, y ahí os quedáis, ni amnistía, ni referéndum, ni condonación de la deuda, ni regreso de Puigdemont, ni nada?
―Después de las palabras de Sánchez acerca de «impulsar las lenguas cooficiales, ESPECIALMENTE EL CATALÁN, como patrimonio de todos», ¿no tienen lo que hay que tener (ver más arriba) el representante del Bloque Nacionalista Galego y los vascos para mandarle a paseo?
―¿Por qué habla Sánchez de España y Cataluña como de «realidades distintas»?
―Tras la alusión directa de Rufián al juez García Castellón, ¿no siente la Presidenta del Congreso la necesidad de llamar la atención y al orden al diputado por un señalamiento que anticipa medidas contra un miembro del poder judicial al que se acusa de practicar el lawfare (sic)?
―¿Realmente le causó a Sánchez un «desgarro» la presencia de «líderes independentistas» (¡sediciosos!) en la cárcel?
―La representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, después de decir y repetir que no facilitarían un gobierno que incluyese a Sumar o a Vox, y después de votar «sí» a Feijóo, acuerda entregar su voto a Sánchez «para que se atienda y se entienda a Canarias» y asegurando que van a ser «un incordio para algunos ministros»…Más irrelevante que nunca.
―Los más espabilados, los de EH Bildu: salen en la foto ¡con Sánchez! (¡Y Sánchez con ellos!), no firman ningún «compromiso» público («compromisos», dicho sea de paso, sin ningún valor contractual…) con el PSOE y ya con el nuevo gobierno en marcha empezarán las exigencias de máximos, que serán aceptadas íntegramente por el Gobierno, el partido y sus votantes. El estado (o sea, el Gobierno) y la sociedad española terminarán dándole la razón y pidiéndole perdón a ETA, a los que agitaban el árbol y a los que recogían las nueces, verbos que quizá no estén bien conjugados en pretérito.
La investidura de Pedro Sánchez, legítimamente democrática en lo formal, está lastrada, en lo material, por los compromisos adquiridos (pacta sunt servanda ¿incluso para Sánchez?) con quienes le han prestado sus votos a cambio de exigencias que entran en contradicción abierta con algunos de los fundamentos del estado democrático constitucional de derecho. Para completar la legislatura, habrá de hacer sistemáticamente lo que le digan desde ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu y PNV. Todos y cada uno de estos grupos, porque sus intereses están vinculados: amnistiados los del Procés, les seguirán los de ETA; tras el referéndum de autodeterminación de Cataluña irá el del País Vasco, y a ver dónde queda el asunto..; tras el fuero catalán, el «superfuero» vasco (¿y navarro?). Los diputados no catalanes y no vascos del PSOE tendrán que optar entre dos alternativas: o mirar para otro lado o exigir al comité federal y al gobierno PSOE-SUMAR medidas económicas equivalentes favorables (por aquello de «la igualdad de todos los españoles») a sus autonomías de origen. Y algunas se podrán conceder y otras no: el erario no es infinito (salvo subida enloquecida de impuestos, no descartable) y el endeudamiento no debe serlo. Y la que se puede montar sería gorda…
Querían el Poder (el BOE, el erario y el Tribunal Constitucional) a costa de lo que fuese. Ya lo tienen. Enhorabuena. El último, que apague la luz.
NOTA BENE: Se ha de insistir, por si alguno no lo ha entendido, que las concentraciones ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid no son «reuniones pacíficas y sin armas» como las autorizadas por la Constitución «sin autorización previa» (art. 21.1) y entran en contradicción con 21.2: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes». Son escraches, muestras de exaltación antidemocrática y deben ser prohibidas y reprimidas (proporcionalmente al riesgo real) por la Policía, que para eso está…
La próxima semana, hablaremos del Gobierno…