Pasan los años y las generaciones, y el problema principal de los españoles sigue siendo la vivienda, como consecuencia de los elevados precios, tanto para comprar o alquilar, generando inseguridad residencial, siendo cada vez más inasequible para la mayoría social.
Inseguridad para los trabajadores y autónomos al vivir con la incertidumbre de si les subirán o no les renovarán el alquiler; al igual que los jóvenes que no pueden emanciparse a la edad de la media europea. También para las familias, las cuales, si les suben cuota hipotecaria, tendrán que escoger qué factura dejan de pagar.
Aunque el mercado de la vivienda ha sido relevante en la evolución macroeconómica, en los últimos años, se sigue primando la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación en el mercado inmobiliario, desencadenando una crisis habitacional, creando una crisis social, al primar el derecho a la vivienda como inversión, en vez de como derecho ciudadano.
Con todo esto, el artículo 47 de nuestra sacrosanta carta magna (para algunos), declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; se sigue sin cumplir desde su redacción hace 45 años, como otros preceptos sociales.
Si bien la primera Ley de Derecho a la Vivienda aprobada en mayo del 2023 establece el primer marco jurídico, siendo primordial para desarrollar un sistema de vivienda que sea un pilar más de nuestro estado del bienestar y poder converger con Europa; evitando la especulación, protegiendo a los ciudadanos y garantizando la función social de la propiedad de la vivienda.
Para revertir tan poca inversión por parte de los poderes públicos, con anterioridad; se debería invertir importante y constantemente, en la construcción de 100.000 y 200.000 viviendas por año en los próximos 5 años, combinándolo con una gestión del suelo urbanizable con construcciones más sostenibles para viviendas públicas, junto con la rehabilitación para generar un parque de alquiler social.
También hace falta intervenir en el alquiler turístico, endureciendo con medidas fiscales a los propietarios que tengan más de dos viviendas y ninguna de ellas sea vivienda habitual. Además, dentro de las medidas fiscales, la prohibición de adquisición de viviendas por parte de sociedades de capital variable, empresas o fundaciones, con las cuales, evitar pagar menos impuestos.
Es competencia clave del municipalismo, hacer una buena planificación urbanística, no como la planificación del ayuntamiento de Valdepeñas, que en materia de vivienda sus políticas son inexistentes, por no decir nulas; como también aplicar recargos en el IBI a propietarios de inmuebles que permanezcan vacíos durante largos periodos.
Invertir en la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en terrenos municipales; también se podría identificar las viviendas vacías y fomentar su rehabilitación mediante ayudas o convenios para destinarlas alquiler social. Así como cediendo suelo público para la construcción y promoción para la creación de cooperativas de viviendas asequibles.
Países como Dinamarca, Noruega, Suecia y otros en Europa y fuera de Europa aplican un modelo cooperativo según el cual la propiedad de las viviendas siempre reside en manos de la cooperativa de viviendas y así acercarnos más a Europa.
En España, las leyes sobre cooperativas permiten hacer cooperativas de viviendas para la propiedad o por la cesión de uso, siendo discriminado a favor de la propiedad tradicional.
Otra competencia municipal, y que nuestro ayuntamiento tiene olvidada, son las políticas de financiación, de cara a ofrecer subvenciones para la entrada o financiar parte del coste para colectivos más vulnerables; al igual que bonificar en tasas municipales, como las licencias de obra, asociadas a la compra, rehabilitación o alquiler de vivienda. Y firmar convenios con entidades bancarias para ofrecer condiciones especiales a colectivos con más dificultades.
Todas estas medidas, se podrían llevar a cabo con la creación de la Oficina Municipal de Vivienda, como punto de información y asesoramiento sobre ayudas, alquiler, compra o rehabilitación, como desarrollar la construcción y promoción de vivienda pública.
