La denominada operación Timallus, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, buscaba esclarecer los delitos cometidos por un grupo criminal, entre ellos un supuesto fraude de subvenciones procedentes de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Unión Europea.
La colaboración ciudadana permitió obtener información sobre agricultores que estaban cobrando la ayuda de la PAC de forma fraudulenta. El resultado de las primeras gestiones fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Europea.
Se pudo identificar a una persona y una empresa que había solicitado ayudas directas de la PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando anomalías e irregularidades, así como un crecimiento desorbitado de hectáreas, recintos, subvención solicitadas, pasando de percibir en 2018 una cuantía de 2.000 euros a más de 40.000 en 2020.
Uno de los identificados junto con otra persona eran propietarios de otras empresas con las que realizaban compras de derechos de pago y búsqueda de parcelas no declaradas.
Se pudo verificar que era una organización criminal, formada por al menos tres personas y cinco empresas que operaban en Castilla-La Mancha y Madrid. Dos de estas empresas se encargaban de comprar derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas en varias campañas de la PAC; información obtenida por alguien con acceso a bases de datos oficiales. Otras dos empresas se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC y facilitar facturas falsas a terceras personas para anexarlas a las peticiones de subvención. Y la última se publicitaba en internet para localizar parcelas en todo el territorio nacional con las que llevar a cabo este fraude.
El entramado criminal, además de percibir dinero público de forma directa, de manera externa también estaría recibiendo dinero público mediante la firma de contratos mercantiles para la activación de los derechos de pago con terceras personas.
Se estima que inicialmente se ha defraudado 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea, llegando a los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude realizado de manera indirecta.
Por el momento se ha detenido a tres personas a las que se atribuyen los delitos de fraude a la Hacienda de la Unión Europea, organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capital. Se han realizado dos entradas y registros en Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas, en las que se han intervenido 13.050 euros en efectivo, documentación y dispositivos informáticos. Además han sido intervenidas nueve cuentas bancarias por importes cercanos al millón de euros, fincas y propiedades, así como vehículos y tractores.
