El Consejo de Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a ejercer la acción popular en el procedimiento penal derivado del presunto asesinato por violencia de género en Villarrubia de los Ojos, el pasado 27 de diciembre.
De este procedimiento ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que ha recordado que, “tal como anticipamos, el Gobierno de Castilla-La Mancha se personará en todos los asesinatos machistas porque entendemos que tenemos una obligación moral y además porque la Ley 4/18 para una Sociedad Libre de Violencia de Género así nos lo permite”.
Blanca Fernández ha recordado que esta ley “recoge todas las formas y manifestaciones de violencia machista indicadas en el Convenio de Estambul, por tanto está adaptada a las necesidades actuales para luchar con eficacia contra la violencia de género”.
En ese sentido, la titular de Igualdad ha vuelto a pedir que la legislación básica del Estado también contemple las diversas formas y manifestaciones que tiene la violencia machista “y no solo las que suceden en el ámbito de la pareja o la expareja porque estamos dejando a miles de mujeres sin proteger”. Para Blanca Fernández, “este es el momento de adaptar la Ley estatal de lucha contra la violencia de género al Convenio de Estambul y, aunque hay fuerzas reaccionarias que niegan la existencia de la violencia machista, creo que contaremos en esa tarea con la mayoría del arco parlamentario. Por eso insto al Gobierno a que inicie ese trabajo”.
Y es que, tal como ha explicado la consejera, “la violencia machista no se puede reducir al ámbito doméstico o privado, sino que es un problema social estructural que se basa en la desigualdad existente en la actualidad entre mujeres y hombres. Y desde luego es una pandemia para que la que no existe vacuna, ni receta mágica, pero hay muchas maneras de afrontarla y desde luego entendemos que una legislación nacional, integral y adaptada al Convenio de Estambul sería una de las fórmulas a utilizar”.
Hay que recordar que en España han sido asesinadas por violencia machista desde el año 2003, cuando empezaron las estadísticas, 1.086 mujeres; ha habido 38 asesinatos de menores y hay 307 huérfanos y huérfanas como consecuencia de estos asesinatos y el 80 por ciento de las denuncias que llegan a juicio acaban con una sentencia condenatoria.
“Por tanto es evidente que tenemos mucho por hacer y el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene muy claro que lo va a seguir haciendo, incluso en un momento en el que solo podemos defender a la familia a través de esa personación como acusación popular en este juicio”, ha concluido Blanca Fernández.