La Corporación Municipal de La Solana ha dado luz verde a una ordenanza que regule los vertidos de aguas residuales y acometidas de alcantarillado. Con los votos favorables de PSOE, PP e IU, y la abstención de Ciudadanos, el municipio tendrá por fin una normativa propia, de la que carecía, para reglar este menester. Fue el asunto más relevante del pleno ordinario de septiembre, que también aprobó actualizar la tarifa del agua, punto que generó un intenso debate. Eulalio Díaz-Cano debutó como alcalde- presidente tras su investidura del pasado 9 de septiembre y se acordó su dedicación exclusiva como regidor.
Precisamente fue este el primer punto a debate. El pleno tenía que debatir la propuesta de liberación del alcalde. Hubo consenso y Eulalio Díaz-Cano percibirá un salario bruto de 43.737 euros anuales, excluyendo la antigüedad de la que sí gozaba Díaz-Cacho. Es decir, el nuevo alcalde cobrará 4.000 euros menos que su antecesor.
Pago de horas extras
Los puntos 5 y 6 aprobaron sendos levantamientos de reparo para abonar horas extras. Por un lado, 2.520 euros a empleados de la piscina municipal por trabajos durante el verano; por otro, 9.288 euros a la Policía Local por servicios fuera de los turnos ordinarios. La oposición en bloque decidió abstenerse, entendiendo la necesidad de pagar lo que se trabaja pero quejosa por la escasez de personal en estos y otros negociados. Izquierda Unida pidió hacer una valoración servicio por servicio, el Partido Popular habló de falta de previsión y Ciudadanos criticó que haya servicios troncales faltos de personal. El equipo de gobierno admitió la necesidad de reestructurar algunos departamentos, pero aclaró que no es posible legalmente incrementar la partida de horas extras a día de hoy.
Regulación de vertidos
Por su enjundia, el punto séptimo fue el más relevante, aunque no el que más debate generó. Proponía una ordenanza de vertidos de aguas residuales y uso de acometidas de alcantarillado. Llama la atención que La Solana, con 15.500 habitantes, no tuviera una reglamentación local de esta naturaleza, como admitieron todos los portavoces, incluido el propio alcalde.
El portavoz de Izquierda Unida, Bernardo Peinado, lamentó que este debate haya tardado tanto en llegar. “Ha habido dejadez en el equipo de gobierno que nos ha expuesto a una inseguridad jurídica”. “Nos hemos librado de sanciones por puro azar”, afirmó, y se congratuló porque esta ordenanza viene a “garantizar seguridad a nuestras empresas y al sector productivo”. El portavoz del Partido Popular, Antonio Valiente, recordó que el problema viene de lejos y que –de haber habido denuncias- le hubiera estallado al alcalde. “Has reaccionado bien porque otros alcaldes se han visto enjuiciados”, declaró dirigiéndose a Eulalio Díaz-Cano. Valiente cree que es una ordenanza facilitadora, aunque advirtió que “aún está verde”, de modo que será conveniente apuntalarla con las propias empresas. Luisa Márquez, portavoz de Ciudadanos, achacó al equipo de gobierno dejación de funciones. “No ha habido control y ya era hora que lo hubiera; nos hemos librado porque dios ha querido”, declaró. Eulalio Díaz-Cano aclaró que siempre han querido llegar a esta ordenanza, “también mi antecesor en el cargo”, pero dijo que lo importante es que “cumplimos un objetivo y la ordenanza recoge los principios de la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha”. Eso sí, añadió que está sujeta a mejoras. “Estamos a disposición de las empresas y estaremos a su lado”. Todos los grupos votaron a favor, excepto la abstención de Ciudadanos.
Polémica por el recibo del agua
La mayor controversia dialéctica llegó en el punto octavo, que proponía modificar la ordenanza fiscal número 12, es decir, revisar la tarifa del agua. Bernardo Peinado (IU) se posicionó radicalmente en contra porque supondrá una subida del 3,3 por ciento en el recibo. “La cuota fija en 2005 estaba a 9,85 y ahora está a 17,14, o sea, un 74 por ciento más caro”, declaró. Y se quejó de que en 2019 se aprobara invertir 354.000 euros en mejorar la eficiencia energética de las depuradoras a fin de ahorrar y no se haya reflejado en la factura. Pidió negociar con la empresa concesionaria (Aqualia) y congelar el recibo de este año. Antonio Valiente (PP) recordó el contrato que el Ayuntamiento firmó en 2004 y que le reportó 600.000 euros. “Animo al interventor y a la secretaria a que busquen ese dinero; estamos pagando una hipoteca por aquello”, manifestó. El portavoz popular asegura que “en La Solana pagamos 22 o 23 euros sin abrir el grifo, mientras que en Manzanares o Valdepeñas pagan 9”. “Estamos indefensos ante aquel contrato”, manifestó. La portavoz naranja, Luisa Márquez, también fue muy crítica con el citado contrato, vigente para 35 años. “Hacer una concesión para tantos años es atar de pies y manos a futuras corporaciones”. “Es malísimo para la administración”. Admitió el necesario el equilibrio financiero de la concesionaria, pero también pidió sentarse con ella “y modular todo”.
Eulalio Díaz-Cano dijo “compartir algunas consideraciones” y reconoció que no es agradable que las familias paguen 1 euro más al mes. Pero argumentó que han valorado todas las opciones que el Ayuntamiento no puede exponerse a no aceptar revisar el IPC. “Si no cumplimos, nos arriesgamos a pagar 60.000 euros de diferencia, o sea, los vecinos acabarán soportando la misma carga, así que es nuestra obligación cumplir el contrato”. Recogió el guante para sentarse a hablar con la concesionaria.
Después llegaría el rifirrafe de la noche, en este caso protagonizado por IU y el PP a cuenta de este asunto, aunque acabó derivando en referencias cruzadas sobre otros menesteres del ámbito político.
Ruegos y preguntas
El pleno se cerró con el preceptivo apartado de ruegos y preguntas. Entre otras, María Pérez (IU) pidió resolver la “vergonzosa” imagen de los contenedores de basura orgánica en la plazuela de la Marquina, preguntó si se está regando, y por qué, con agua potable parques y jardines, y solicitó avisar con más tiempo a los propietarios de solares urbanos sin vallar. Jesús Labajo (PP) rogó publicar en el portal de transparencia los honorarios de los concejales. Juan Pedro Mateos-Aparicio (PP) preguntó por qué se han eliminado pasos elevados en determinadas calles. Antonio Valiente (PP) volvió a interesarse por la situación legal de la promoción de viviendas abandonada en la Avenida de la Paz, junto al pabellón La Moheda, y por qué se están alquitranando calles “que estaban bien y no otras que estaban mal”.
Luisa Márquez (Cs) preguntó qué se sabe de la empresa que quería comprar 3.000 metros en el parque empresarial, pidió revisar el vertido de tierras en el mismo polígono y preguntó cuándo se instalarán las luminarias y acerados que aún faltan para completar su urbanización. Gloria Notario (Cs) pidió más actividad informativa en las redes sociales municipales, quiso saber dónde serán enviados los 145 trabajadores del próximo plan de empleo y cuánto costó el pleno de investidura del nuevo alcalde, celebrado en el Centro de Audiovisuales. Ángela Notacio (Cs) preguntó dónde se guardan los cuadros de los concursos de pintura rápida, por qué hay inundaciones cuando llueve mucho en la calle Marqués de Santillana y qué ocurre con los tramos sin acerar en la Avenida de la Romería. Y Julián Díaz-Cano (Cs) finalizó pidiendo reunir a la comisión de arreglo de caminos, preguntó por la mesa de la juventud y pidió reunirse con el pequeño comercio para una campaña de promoción ahora que se acerca la Navidad.
La sesión contó con 16 de los 17 concejales de la Corporación Municipal. Aún no ha tomado posesión el nuevo edil del equipo de gobierno.
