El asunto de lo que está ocurriendo en la Justicia española es tan escandaloso que hasta instituciones internacionales están llamando la atención. No tiene visos de solución, porque implicaría salir a la luz estrategias indecentes llevadas a cabo para controlar la Justicia; para tener una justicia a la medida de algunos que temen un escándalo público si un día quedan al descubierto determinadas actividades poco ejemplares. Pero alguien tendrá que empezar el melón. Alguien tendrá que tener la valentía y la honestidad de hacerlo, porque si sigue así mucho tiempo va a socavar los cimientos de la democracia.
El primero y más grande daño que se está haciendo, es a la propia Justicia, que no se merece el desprestigio que cuelga a sus espaldas. Miles de jueces, por toda España, que cumplen escrupulosamente su función, se ven afectados por esa fama injustificada. No se lo merecen. No se merecen los jueces esa la mala fama por culpa de unos pocos. Los jueces llegan a su puesto en todos los juzgados de España, mediante oposición, difícil donde las haya, con el fin de cumplir su delicada función.
Repito: por oposición. Pero una vez en el cuerpo los ascensos a puestos de responsabilidad en el organigrama de la Justicia, ya no son por oposición, ni siquiera por su historial judicial. A partir de ahí los cargos se consiguen por designación de los partidos políticos. Y es ahí donde empieza el trapicheo. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son designados por los partidos políticos que componen el arco parlamentario de forma proporcional al número de escaños, cargos designados por cinco años. No entro en determinados nombramientos, ni sus motivaciones.
De ahí, que todos los miembros del Tribunal Supremo son por designación política y vitalicios. Aunque el origen del conflicto radica en la Sala Segunda, conocida como la Sala de lo Penal. ¿Por qué? Muy simple. Porque es la encargada de juzgar y sentenciar a los aforados: al Rey, a ministros, diputados, senadores, a partidos. Y fíjense en este dato: En 1995, un año antes de llegar Aznar al poder, La Sala de lo Penal, con 13 miembros, 7 eran progresistas, y 6 conservadores; desde 2020, son 2 progresistas y 11 conservadores. ¿Piensan Vds. que el PP va dejar de bloquear la renovación, con todas las sentencias que tiene por delante? Creo que no.