Somos parte de Occidente, y su civilización está marcada, como no podía ser de otra manera, por el mercado libre. Nada que objetar. Todo aquel que lo quiera, y es bueno que lo quiera, debe tener, y tiene, la libertad de emprender un negocio que le rente unas ganancias. Insisto: no es malo. Todo lo contrario: es recomendable, es bueno. Es una manera de servir a la sociedad a la que pertenece. Crea riqueza, crea empleo, y crea bienes de servicio. Esa es la libertad de mercado en la que se fundamenta lo que conocemos como civilización occidental.
Pero, por la misma regla de tres, el Estado también puede, y debe, tener la libertad de tomar iniciativas públicas. Tiene la obligación de promover iniciativas públicas cuando se trate de prestar servicios que son fundamentales en la defensa de los derechos humanos y constitucionales. La iniciativa privada presta servicios muy valiosos a la sociedad, pero por diversas razones, el Estado debe estar vigilante para que esos servicios se cumplan, y ningún ciudadano quede exento de ellos. Repito: cuando se trate de derechos fundamentales y cumplimiento de la Constitución.
Hay una Carta de Derechos Humanos, firmada por España, y una Constitución aprobada por todos los españoles, que establece que a ningún ciudadano puede faltarle una vivienda digna, una Educación y una Sanidad, entre otras. Por tanto: promover desde el Estado la construcción de viviendas, y todas las medidas necesarias para que ningún ciudadano quede fuera de este derecho, no puede calificarse de actitud propia malvados, rojos, comunistas, bolivarianos. No. Está cumpliendo con su deber humano y constitucional.
El ciudadano privado que quiera construir un bloque de pisos, montar un colegio o abrir un hospital está en su derecho. Y tiene toda la legitimidad de obtener un beneficio. Repito: es bueno y recomendable. Pero también lo es, la obligación del Estado de vigilar que no se produzcan abusos y desigualdades que atenten contra los derechos humanos y la Constitución. Así como disponer la iniciativa de promover los servicios para que todos los ciudadanos tengan acceso a ellos. Libertad de mercado, SÍ; pero derechos humanos y Constitución, también.