La ley de eutanasia se ha hecho realidad y se ha conseguido un paso más en la conquista de derechos de la ciudadanía. Una parte muy importante de nuestro país ha experimentado durante mucho tiempo, tal vez demasiado, un sufrimiento innecesario.
Según nuestra Constitución somos un país aconfesional, pero la realidad es que la sombra de la iglesia católica es muy grande y el tiempo y los votos en contra a esta ley es un ejemplo más.
En el año 2004, la película Mar Adentro puso a la población española frente a un problema desconocido para mucha gente, pero que afectaba a miles de familias y que hoy por fin tienen una ley que las ampara.
Hasta llegar al momento actual el camino ha sido muy largo y, aunque la iniciativa para regular el derecho a la eutanasia haya sido puesta en marcha por el PSOE el 3 de mayo de 2018, las propuestas parlamentarias sobre la eutanasia ya habían sido presentadas previamente. Un año antes, la abstención del propio PSOE fue clave para el fracaso de la Proposición de Ley sobre esta misma cuestión, impulsada por IU y presentada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.
Tres meses después, Izquierda Unida intentó de nuevo sacar adelante su propuesta de despenalización de la eutanasia, para lo que reconvirtió su iniciativa en una enmienda a la totalidad en la Proposición de Ley de Ciudadanos sobre cuidado paliativos (Derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida). Esta enmienda presentada por Unidas Podemos fue rechazada el 29 de junio y el PSOE se unió a los votos en contra del PP y Cs, que sumaron 249 frente a 84.
IU había intentado legalizar la eutanasia también en anteriores legislaturas con iniciativas como la Proposición de Ley que se sometió en marzo de 2012 a la toma en consideración por el pleno del congreso, donde el socialista Julio Villarrubia anuncio que su grupo no votaría a favor del auxilio al suicidio.
Este recorrido histórico es necesario para entender que los derechos nunca nos los regalan, los derechos se conquistan y desde aquí quería recordar a toda la ciudadanía implicada, en especial, a todas las compañeras que han puesto tantas horas de esfuerzo en este proyecto durante tanto tiempo.
Los antecedentes nos reclaman una regulación y ejemplos como la pésima experiencia en la Comunidad de Madrid hablan por sí solos. En mayo de 2005, el anestesista Luis Montes es investigado por mala praxis en pacientes terminales en el hospital Severo Ochoa (Leganés). La investigación comienza por dos denuncias anónimas que la Consejería de Sanidad de la Comunidad se encarga de procesar. La dirección de la Consejería la ostentaba Manuel Lamela, que posteriormente será procesado por malversación de caudales públicos durante la privatización de la Sanidad Pública madrileña, siendo en la actualidad responsable de un bufete especializado en medicina, que recomienda a sus clientes, clínicas y hospitales privados demandan al actual gobierno de la nación por gastos extraordinarios por la pandemia del COVID-19, dicho despacho se llevará el 8% de cada caso que ganen.
En esa época la presidenta de la Comunidad de Madrid era Esperanza Aguirre, que puso de "moda la libertad" de elegir médico, mientras construía hospitales públicos para que fueran gestionados por constructoras o fondos de inversión.
Volviendo a las denuncias del caso del Severo Ochoa se referían a sedación de pacientes terminales que podría afectar a 400 personas. La Comunidad las remite a la fiscalía y tras la investigación se confirma la suspensión temporal de Montes como jefe de urgencias, debido a la supuesta existencia de irregularidades administrativas.
Tras la destitución de dicho anestesista y varios médicos más, los trabajadores del Severo Ochoa se manifestaron para exigir su restitución y la dimisión del Consejero de Sanidad, mientras diferentes asociaciones médicas defienden su buena praxis y asegurando que la sedación paliativa se practicaba en todos los hospitales.
A partir de este momento un número incalculable de sinvergüenzas con talento comienzan una campaña contra el Doctor Luis Montes; tertulias de radio, portadas de periódico, Consejería de Sanidad y hasta la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Dos años de injurias hasta el año 2007, cuando es el juzgado número 7 de Leganés dicta un auto de sobreseimiento del caso de las presuntas mala praxis.
Las denuncias anónimas que hacían referencia a las muertes de 400 pacientes, no "con un gas letal", sino, a lo largo de años, es decir, lo lógico en un hospital, que esto exigiría la colaboración de trabajadoras de todas las plantas y especialidades, enfermeras, celadoras, algo impensable de admitir como acusación sin la colaboración necesaria de la Justicia, que, en lugar de desestimar esas absurdas denuncias anónimas, la admitió.
Pero como podéis comprobar, en este largo relato, nuestro país, está lleno de sinvergüenzas con talento.