Hace poco, se daba a conocer por la Cadena Ser el acuerdo de la empresa Félix Solís con un agricultor que le demandó por detracción ilegal de agua en el Campo de Montiel.
Según informaba ese medio, tras el acuerdo de las partes por una compensación de 6.000 Euros, se suspendía el juicio y las posibles consecuencias penales para Félix Solís, que reconocía los hechos, esto es, la detracción no autorizada entre 2008 y 2013, por más de un millón de metros cúbicos de agua. Sorprende el hecho de que la empresa en un primer momento declarara que se ceñía a la legalidad para, el día del juicio, reconocer lo contrario.
A la vista de lo publicado, es obvio que la sociedad ha perdido claramente y que la empresa vinícola ha salido ganadora, y más en un contexto generalizado e intensificado de escasez de agua, cambio climático, pérdida de cauces ecológicos, deterioro de humedales y sobreexplotación de acuíferos que, además, corren riesgo de contaminación por el uso masivo de fertilizantes, fitosanitarios, etc. en un modelo agrícola intensivista.
A la vista de todo lo anterior, sería bueno, primeramente, saber cuanto más de ese millón de metros cúbicos se han extraído de forma no autorizada.
En segundo lugar, por qué no se arbitran las medidas necesarias para que la empresa vinícola devuelva el agua extraída, agua que pertenece al conjunto de la sociedad. Sería necesaria y pedagógica, además, una compensación con algo más que la devolución del agua detraída. Nos gustaría saber, en ese sentido, si por parte de las administraciones se están dando pasos en ese sentido.
Asimismo, la resolución del caso transmite el mensaje de que extraer agua ilegalmente apenas tiene consecuencias o son muy fáciles de asumir, por lo que el daño generado, ni es reparado, ni es devuelto, ni compensado, lo cual resulta muy peligroso con un servicio ambiental tan valioso y cada vez más escaso como es el agua, superficial o de acuíferos.
Por otro lado, y dado que esta situación se conoció de manera fortuita por el agricultor denunciante, sería necesario que Confederación o las Administraciones en general, dieran a conocer qué medidas existen para evitar este tipo de actuaciones ilegales y anticívicas y revisar, llegado el caso, las consecuencias de tan deplorables prácticas.
Además, y aunque la empresa dice tener informes de que no ha habido daños por esta actuación, habría que contrastar si eso es realmente así y actuar en consecuencia.
Como conclusión y dado que el caso ya parece finalizado, sería aconsejable, si no se ha hecho, que por parte de la Confederación Hidrográfica se profundice en las medidas necesarias para evitar y perseguir este tipo de comportamientos irresponsables e ilegales, que sus consecuencias sean de general conocimiento e incluso se revisen las posibles sanciones, que siempre deberán disuadir de estas prácticas tan aborrecibles y, caso de producirse, deberán reparar y compensar el daño producido.
Lo que está claro es que se trata de un caso de irresponsabilidad ambiental corporativa que, como sociedad y administraciones debemos hacer todo lo posible para que no vuelva a producirse y para que se repare la sustracción hecha por la empresa vinícola.
Red Ciudadana para la Acción Climática desde los municipios (RedClima)