El pleno del Ayuntamiento ha reeditado esta mañana, el debate que ya tuvo por la readmisión de una trabajadora expedientada y despedida en 2016, en cumplimiento de una sentencia. Izquierda Unida y el PP han lanzado críticas por el gasto que supondrá la reincorporación. El alcalde, Jesús Martín, ha confirmado que denunciará en los tribunales a la portavoz del PP, por declaraciones injuriosas.
Un mes después, los grupos municipales han repetido la discusión política a cuenta del pago de salarios de tramitación y honorarios en el procedimiento por el despido de una trabajadora que ha sido readmitida en la Concejalía de Obras en cumplimiento de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Alberto Parrilla, portavoz de Izquierda Unida, ha lanzado sobre el equipo de gobierno acusaciones de opacidad y amedrentamiento a la oposición.
Francisco Delgado, portavoz del grupo socialista, ha encontrado contradicciones en la intervención de Parrilla.
Cándida Tercero, portavoz del PP; como ya dijo a la prensa, habla de más de 150.000 euros en gastos derivados de la readmisión de una trabajadora a la que se acusó de airear facturas del teléfono del alcalde. Tercero ha sido llamada al orden dos veces en este punto por el alcalde. Jesús Martín ha confirmado que llevará ante un juez a la portavoz del PP por verter sobre él declaraciones injuriosas.
Tercero ha lamentado que el alcalde quiera, ha dicho, judicializar la política.
Delgado ha advertido a la portavoz del grupo popular, que puede estar siguiendo el mismo recorrido que el anterior presidente local del PP, apartado de la política por una sentencia judicial.
El alcalde, Jesús Martín y el portavoz de Izquierda Unida, Parrilla, también se las han tenido a cuenta de este polémico punto.
El concejal de Podemos, José María Ponce, se ha sumado a la discusión. Ha admitido que desconoce el fondo de este caso, del que ha dicho que “huele raro”.
Carpetazo, de momento, a un asunto, que se ha prolongado toda una década.
