El caso se sitúa en una calle próxima a la salida de Valdepeñas en dirección Ciudad Real. El afectado es un vecino de Valdepeñas, Marino López Ruiz. Los inquilinos dejaron de pagarle en 2020, después de menos de un año residiendo en el adosado. El afectado cuenta con una sentencia que recoge un acuerdo entre partes para el desalojo de la casa el 31 de julio a cambio de una rebaja de la deuda a la mitad. Pero aun con sentencia, la vivienda continúa ocupada.
El contrato de alquiler data de junio de 2019. El primer impago se produjo en 2020 y la demanda en los juzgados de Valdepeñas se interpuso en septiembre de 2022. El contrato de alquiler recogía la opción de compra. Resulta que la inquilina y el titular de la Inmobiliaria que formalizó el contrato son pareja; un dato que el cliente desconocía cuando pagó una comisión de más de 3.000 euros por la opción de compra que no ha llegado a ejecutarse.
Pero llega la fecha del desalojo, el 31 de julio, y los moradores no se van.
El afectado se ha dirigido a la policía, al juzgado y a una notaría. La vivienda no se ha devuelto y la deuda no se ha pagado. Y en contra de lo que cabría esperar, nadie se dispone a ejecutar ni a ordenar el desalojo.
A todo esto, el valdepeñero afectado tiene 67 años, acaba de jubilarse. Ha pasado los últimos años viviendo en Málaga y trabajando en Ceuta. Ahora quiere regresar a su pueblo, Valdepeñas, y no puede entrar a su vivienda.
Con todo, la víctima se resiste a llamar “okupas” a sus inquilinos, porque con ellos hay supuestamente dos menores viviendo. Y rechaza las prácticas de las llamadas empresas desokupas.
