La Fundación Prolibertas, de la Comunidad Trinitaria, que gestiona un piso de acogida y rehabilitación de reclusos, ha salido al paso de las informaciones publicadas en multitud de medios, sobre el alojamiento de un condenado por cinco violaciones y asesinatos, que ha disfrutado de su primer permiso penitenciario después de 24 años encarcelado.
El preso es Joaquín Ferrándiz, que en los años 90 violó y asesinó a cinco mujeres en la provincia de Castellón y que cumple condena en Herrera de la Mancha. De los 69 años a que fue condenado, ha cumplido 24 y saldrá en libertad en 2023. Hasta ahora, no había disfrutado de ningún permiso penitenciario.
La Fundación Prolibertas aclara que el recluso ha permanecido cuatro días en el piso de acogida e informa que desde el pasado viernes, se encuentra de nuevo interno en Herrera y no está previsto que vuelva a disfrutar de más permisos en el piso de Valdepeñas.
La Fundación Trinitaria, cuyos fines son la redención y reinserción de la población reclusa, afirma en un comunicado que respeta el dolor y la indignación que estas informaciones producen en personas cercanas a las víctimas, cuyas pérdidas son irreparables.
Pero a continuación manifiestan que ese respeto no es incompatible con el “firme posicionamiento a favor de la reinserción social de las personas privadas de libertad, en la línea marcada en la Constitución Española”, cuyo artículo 25 en su punto 2 establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social (...)”
COLABORACIÓN CON CENTROS PENITENCIARIOS
Prolibertas impulsa y desarrolla programas con este objetivo en colaboración con 16 centros penitenciarios de España, entre ellos Herrera de la Mancha. Una de las acciones contempladas en estos programas es la posibilidad de acoger a reclusos con permisos, que son refrendados por el juez de vigilancia penitenciaria.
En el caso de esta Fundación religiosa, se da una colaboración con las prisiones para poder llevar a término permisos de personas que no cuentan con apoyo familiar o social, en las condiciones que se marcan desde vigilancia penitenciaria.
Estos permisos –continúa explicando Prolibertas- se realizan de forma tutelada y con un acompañamiento técnico orientado a la reeducación y la reinserción social. “Son una oportunidad de confrontar con la realidad de la sociedad, el esfuerzo por la reinserción de la persona privada de libertad y el trabajo de los equipos de tratamiento de los centros penitenciarios y las entidades sociales colaboradoras”.
En la entidad dicen ser conscientes de “lo complicado de estas situaciones” y rechazan el uso que se hace de ellas. “La reinserción social –concluyen- es la base del sistema penitenciario y la sociedad no puede darle la espalda”.
