El Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión tras estudiar el dictamen del Consejo Consultivo solicitado por el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el pasado 14 de junio y cuyas conclusiones son contundentes respecto a la inconstitucionalidad de la norma y de la legitimidad de la Comunidad Autónoma para presentar este recurso.
El presidente autonómico comunicó al Consejo de Gobierno su intención de realizar la consulta el mismo día que la Ley de Amnistía se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el mismo día que se abría la posibilidad de presentar recurso. Cabe apuntar que el artículo 54.5 de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha recoge que, en los casos de recursos de inconstitucionalidad, el Ejecutivo deberá consultar al Consejo Consultivo, órgano que vela por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto y de todo el ordenamiento jurídico.
Al respecto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido un dictamen aprobado en el pleno de este órgano celebrado el 23 de julio, sin que se haya presentado ningún voto particular, y que ha concluido que el Gobierno regional sí está legitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad.
El Consejo Consultivo se apoya en diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y concluye que resulta posible que la Comunidad Autónoma pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad ante cualquier infracción constitucional en que pueda incurrir una norma y no solamente en aquellos casos relacionados directamente con la defensa de sus competencias propias.
Respecto a la adecuación de la ley al bloque de la constitucionalidad, sobre lo que también se había pedido pronunciamiento, el Consejo Consultivo determina en su dictamen que la Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución y, además, plantea que su aprobación habría requerido de una reforma constitucional.
El Consejo Consultivo completa el dictamen apuntando que esta ley vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad.
Por todo ello, tras la contundencia del dictamen, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la interposición de este recurso de inconstitucionalidad con el ánimo de defender los intereses de la Comunidad Autónoma como parte integrante del estado autonómico contemplado en la Constitución.
