El Gobierno regional ha aprobado el nuevo Depósito de Fianzas y el Censo Regional de Contratos de Arrendamientos de Castilla-La Mancha para la mejora del mercado del alquiler con mayor seguridad jurídica y proximidad a los ciudadanos, que hoy publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). "Otorgar mayor seguridad jurídica, claridad, simplicidad y proximidad a la ciudadanía, al mismo tiempo que se recoge información actualizada y real para orientar las políticas públicas a dar soluciones eficaces a la evolución del mercado”, declaraba el consejero de Fomento, Nacho Hernando.
En esa línea cabe señalar que el Censo Regional de Contratos de Arrendamientos de Fincas Urbanas de Castilla-La Mancha, que crea el nuevo decreto, es el que contendrá de manera ordenada los datos correspondientes a los contratos suscritos en la región, de forma que dicha información, relativa a la inscripción, modificación y cancelación de aquéllos, distinguiendo entre los de arrendamientos de viviendas libres, los de viviendas con protección pública y los de uso distinto de vivienda, permita conocer en profundidad el mercado del alquiler.
Así, Hernando ha explicado que tratará de regularse la obligación del depósito de fianza correspondiente tanto a los contratos de arrendamiento de las fincas urbanas, como los contratos de prestación de servicios que requieran el depósito de una fianza.
De esta forma, el ingreso del importe de la fianza, bien a través del pago telemático en el momento de la presentación del formulario disponible en el portal web de vivienda, bien en una oficina bancaría, presentado dicho formulario, simplifica enormemente el procedimiento para realizar el depósito de las fianzas de arrendamiento de fincas urbanas. También se simplifican las fianzas para las empresas acogidas al régimen concertado, al normalizar los modelos a presentar.
Depósito de fianzas
El nuevo decreto establece que el depósito, que deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días a contar desde el día siguiente al de la fecha de celebración del contrato y ha de mantenerse hasta la extinción del mismo, es gratuito y obligatorio para las personas físicas, jurídicas y entidades arrendadoras de fincas urbanas, además de las personas subarrendadoras de fincas urbanas para uso distinto de la vivienda; las empresas suministradoras de servicios que hubieran exigido las correspondientes fianzas y las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las entidades de derecho público, así como entes públicos y entidades de titularidad pública que tienen por objeto la mediación en el alquiler, cuando actúen como arrendadoras.
Se establecen dos regímenes de depósito de las fianzas; por un lado, el régimen general u ordinario, en el que la persona o entidad arrendadora efectúa el ingreso directo del importe total de la fianza correspondiente a cada contrato de arrendamiento; y por otro, el régimen especial de concierto, que permite que la persona o entidad arrendadora pueda depositar únicamente el 90 por ciento del importe de las fianzas correspondientes a uno o varios contratos de arrendamiento cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos: disponer de un mínimo de diez fincas urbanas arrendadas, o bien, cuando la fianza o fianzas a depositar sea por importe igual o superior a 10.000 euros.
Estarán acogidas obligatoriamente al régimen especial de concierto las empresas suministradoras de agua, gas, electricidad y servicios análogos a fincas urbanas, cuando exijan en sus contratos o pólizas de abono la prestación de fianza por los usuarios para el aseguramiento de sus responsabilidades.
La cuantía inicial del depósito ascenderá al 90 por ciento del total de las fianzas incluidas en el concierto, mientras que el diez por ciento restante quedará en poder de la persona o entidad arrendadora para hacer frente a la restitución a las personas o entidades arrendatarias de las fianzas correspondientes a los contratos extinguidos.
