Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el "alarmante" aumento del número de accidentes mortales en Castilla-La Mancha a pesar de la paralización de la actividad que ha producido la crisis sanitaria del COVID-19, lo que denota la relajación en el cumplimiento de la normativa vigente y la falta de implicación de la Administración autonómica.
En Castilla-La Mancha se produjeron 23.220 accidentes durante 2020 (21.759 en jornada y 1.461 'in itinere'), 3.895 menos que los registrados el año anterior a consecuencia de las restricciones de movilidad y la paralización de la actividad en respuesta a la pandemia de coronavirus. Pero a pesar de la crisis sanitaria, lamentablemente se registró el mayor número de la última década de accidentes mortales (52) y sólo hubo diez accidentes graves menos (225) respecto a 2019, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El responsable autonómico de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Carmelo Gómez, subraya que "se está produciendo una terrible involución" en una materia "que es fundamental, sin seguridad no se puede trabajar. No sólo nos encontramos duramente ante el peor dato de los últimos diez años, sino que para encontrar un registro peor nos tenemos que retrotraer hasta 2006 con 80 decesos. Estamos hablando de que en la región falleció en 2020 un trabajador cada semana y que cada día y medio hubo un accidente grave".
De las 52 víctimas mortales de Castilla-La Mancha en 2020, ocho se debieron al COVID-19, el más alto de toda España. "La cifra muestra el terrible impacto del coronavirus en nuestra tierra, pero al mismo tiempo todavía queda por delante un duro camino para que se reconozcan todos los casos. De hecho, la Seguridad Social sólo reconoce el 10% de los contagios por COVID-19 como accidente de trabajo y ninguno como enfermedad profesional".
Asimismo, Gómez apunta que "más allá de los números, detrás hay historias trágicas. Lamentablemente se ha deshumanizado el tema de los accidentes, nos olvidamos de las familias rotas, padres y madres sin hijos, huérfanos, viudos... año tras año no se está atajando el problema y las administraciones tratan de esconder el drama".
Así, el Gobierno regional "ha dejado de lado la prevención, y en lugar de ampliar la plantilla de técnicos para que las empresas y las administraciones puedan cumplir con la normativa para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, se mantienen las subvenciones a CCOO, UGT y Cecam para asesoramiento, divulgación y difusión en materia de Prevención de Riesgos Laborales, dinero que tristemente no ha servido para reducir la siniestralidad. Entre las tres organizaciones han recibido más de 43,7 millones de euros desde 2014".
La solución, desde el punto de vista de CSIF, pasa por la implicación real y efectiva de la Administración regional con la dotación de más recursos humanos y materiales dentro de un cuerpo autonómico de técnicos de prevención de riesgos laborales. "Hay que ayudar a las empresas y trabajadores de medios para cumplir las normas de prevención, pero si no se educa a la sociedad y si no se vigila y sanciona, todo queda en saco roto y seguirá habiendo más muertes y más familias rotas", añade el responsable autonómico de CSIF de Prevención de Riesgos Laborales.
Por último, y tal y como se ha manifestado de manera más intensa a raíz de la pandemia de coronavirus, es preciso abordar la evaluación de los riesgos psicosociales y abogar por una declaración real de las enfermedades de trabajo, muchas veces ocultas bajo el paraguas de la enfermedad común.
