El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que se va a duplicar el importe que se destina a los programas de movilidad sostenible, de tal manera que serán 34,5 millones de euros del Plan Moves III los que se pondrán a disposición de la ciudadanía castellanomanchega para seguir avanzando en la movilidad sostenible.
Tras una primera convocatoria de más de 17 millones de euros para financiar vehículos eléctricos y puntos de recarga de la que se han recibido más de 1.800 solicitudes, se duplica este importe con la concesión de otros 17 millones de euros, ha recalcado el presidente.
De esta forma lo ha avanzado García-Page en Guadalajara, durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la fábrica de electrolizadores que la compañía norteamericana ‘Cummins’ va a instalar en el polígono industrial El Ruiseñor y que generará cientos de puestos de trabajo altamente cualificados, además de afianzar el liderazgo de la Comunidad Autónoma en producción de hidrógeno verde.
Para García-Page, esta sostenibilidad, así como la generación de empleo, riqueza y energía en la región, “nos permite también sostener otro estado, el del bienestar. Para que un país tenga bienestar, el Estado tiene que apostar por el bienestar, pero también hay que cuidar del bienestar del Estado”, ha argumentado.
Así, y en una clara apuesta del Ejecutivo castellanomanchego “por la sostenibilidad de las personas más vulnerables”, el presidente regional ha avanzado que, en el próximo Consejo de Gobierno, “se aumentarán hasta los 64 millones los programas de cooperación en materia de dependencia”, con una cooperación “cada vez mayor” del Estado con las comunidades autónomas.
Se trata de la aprobación del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y Castilla-La Mancha para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022. El importe se reparte entre el Estado y la Junta a partes iguales, con 31,9 millones de euros por administración.
