Unos Presupuestos de acuerdo con la mayoría social
18 de diciembre de 2020 (12:04 h.)
Artículo escrito por Gregorio Sánchez, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas
Con 188 votos a favor, con el apoyo de 11 formaciones políticas, donde, a la vez, las enmiendas a la totalidad presentadas sufrieron el mayor rechazo de la historia de la democracia, con 198 votos en contra, se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado.
Una aprobación de las nuevas cuentas públicas que significa la derogación de los Presupuestos de 2018 (del PP de Rajoy), prorrogados desde que fueron aprobados en junio de ese año, y que se habían convertido en una rémora para cualquier posibilidad del reforzamiento de los instrumentos públicos que permitieran la consolidación del Escudo Social, avanzar en el reconocimiento de los derechos y en la satisfacción de las necesidades básicas, emanadas de la voluntad popular en las elecciones generales de noviembre de 2019.
Unos Presupuestos Generales del Estado que inauguran una nueva época en la política económica en España, poniendo fin a la etapa neoliberal. Es una apuesta trascendental que permitirá consolidar la actividad del Gobierno de Coalición y avanzar en el programa de legislatura, en un momento de crisis y necesidades crecientes como consecuencia de la pandemia y su impacto, con unas derechas que apuestan por un irresponsable escenario de desestabilización.
La aprobación de los Presupuestos del Estado no se debe confundir con una mayor estabilidad, encaminan el desarrollo de esta legislatura, pero sigue habiendo demasiados problemas encima de la mesa: la pandemia sigue sin estar controlada, la crisis económica y social va a tener un largo recorrido, sigue enquistado el conflicto catalán y, de todo esto, las derechas y diferentes sectores del aparato del Estado se aprovecharán para continuar en su política de polarización y enfrentamiento.
Unas asociación de intereses (formada por toda la derecha, la política, la económica y la funcionarial, desde la de más rancio abolengo y cuna, a la extrema derecha más precaria, alimentada en tiempo de crisis por las ideas fascistas) de la que sabemos, a poco que conozcamos la historia más reciente de nuestro país, desde la crisis del petróleo 1973, del esfuerzo titánico que hacen para defender su “status quo”, para mantener unos intereses y privilegios que aún consideran propios en razón del Fuero de los Fijosdalgo. Nada nos debería sorprende, en este sentido, su empeño en que el debate se vea reducido a un retahíla de términos, que más que argumentar desde la divergencia, apenas sirven para descalificar y tratar de deslegitimar: “falta de sensatez, populismo, traspaso de líneas rojas, fusilar a 26 millones de hijos de puta”… Todas y cada una de ellas con una sola obsesión: hacer caer al Gobierno.
Decir que estos presupuestos están en contra de los intereses de España y son populistas sólo obedece a la realidad de alguien que, o bien tiene poco contacto con la mayoría social de cualquier pueblo, ciudad o barrio trabajador de nuestro país, o si lo ha hecho no ha sentido ninguna empatía con las personas que viven allí.
Por esta razón será difícil que reconozcan que los Presupuestos que el Congreso aprobó las semanas pasadas son los más sociales y redistributivos de las últimas décadas. Con un aumento de la inversión en Sanidad y Educación en un 75,3% y un 70,2% respectivamente; que aumenta la inversión en Vivienda en un 367,9%; que incrementa las partidas destinadas a hacer efectiva la Ley de Dependencia con 2.534 millones, es decir un 34% más; que blinda las pensiones o que plantea un esfuerzo inversor que supone una subida del 138% para reforzar nuestro modelo productivo, son unos Presupuestos que atendiendo a la actual situación producida por la Covid-19, priorizan las necesidades de la mayoría social.
• Protección social. Fortalecimiento de la protección social con un incremento de 2.000 millones de euros para las políticas activas de empleo. 200 millones para vigorizar y modernizar los servicios sociales públicos. La actualización de las pensiones con el IPC y la subida de las no contributivas al doble del IPC. Un incremento del 5% en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), congelado desde hace diez años, con el objetivo de mejorar todas las prestaciones y ayudas vinculadas a este índice.
• Impulso económico. Los presupuestos apuestan por consolidar las posiciones de los productores y, no menos importante, mejorar las condiciones de vida de la población que vive de la agricultura y la pesca, un objetivo que es inaplazable. El presupuesto aumentará en 781 millones, un 10%, alcanzando los 8.405 millones de asignación.
Cultura dispondrá de 1.124 millones de euros, un 24% más que en los últimos ejercicios.
El plan de impulso al sector turístico estará dotado con 4.262 millones de euros, elevando a casi 20.000 millones el monto total que ha destinado el gobierno para apoyar al sector, ya que desde el inicio de la pandemia se han venido implementando diferentes medidas de choque que han beneficiado tanto a trabajadores como a las empresas.
• Educación. Las partidas destinadas a educación crecerán en 2021 más de 2.000 millones de euros hasta alcanzar los 4.893 millones, un 70,2% más que en 2020. De ese total, 2.090 millones de euros se destinarán a becas. 250 para el reforzamiento y la extensión de las universitarias. La dotación para el sistema general de becas y ayudas al estudio asciende a 1.984 millones de euros, un 35% más que en el año anterior. El incremento más importante de los últimos años. También se impulsa un Plan de Modernización de la Formación Profesional para facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes que contará con 1.500 millones.
• Dependencia. Reversión de los recortes aplicados desde 2012 en las políticas de dependencia, con un incremento del 46% en la aportación del Estado para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones. Son más de 600 millones de euros para el Sistema de Dependencia a los que se sumarán otros 700 de los fondos europeos para inversiones, destinados a mejorar la atención de los mayores, para que cambie paulatinamente el actual modelo de residencias a otro centrado en la atención a domicilio.
• Conciliación y sistema de cuidados. Se apuesta por el refuerzo de la conciliación y el sistema de cuidados, situándolo en el centro de las políticas públicas en esta materia, con 200 millones de euros para impulsar la educación de 0-3 años, 300 para igualar los permisos de maternidad y paternidad (16 semanas con carácter intransferible y remuneradas al 100%) y 200 millones para la conciliación de familias con niños y niñas menores de 14 años mediante la contratación pública de cuidadores profesionales El objetivo es que estas medidas constituyan unos primeros pasos para construir un Sistema Público de Cuidados.
• Sanidad. Incremento en más de 3.000 millones de euros de los presupuestos para reforzar la sanidad pública.
• Transición ecológica. Las partidas para la transición ecológica y la lucha contra la emergencia climática se traducen, entre otros aspectos, en 2.000 millones de euros de impulso a las energías renovables y la inversión de 4.000 millones para dos medidas fundamentales: la rehabilitación de entre 150.000 y 200.000 viviendas al año como medida de eficiencia energética y el impulso del coche eléctrico mediante ayudas a la adquisición, puntos de recarga y baterías. Se destinan 2.500 millones de euros para la investigación y la digitalización en todos los ámbitos, así como el refuerzo a las políticas de investigación y desarrollo, la inteligencia artificial y la capacitación digital.
• Fiscalidad más justa. Subida del impuesto de sociedades para los grandes grupos empresariales, limitando las exenciones en dividendos y plusvalías por su participación en filiales. Aumento de un punto en el impuesto al patrimonio para más de diez millones de euros. Subida de tres puntos del IRPF para rentas de capital superiores a 200.000 euros. Subida de dos puntos del IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Tributación mínima del 15% para las SOCIMIs. Reducción en las desgravaciones de los planes privados de pensiones.
• Refuerzo del Ingreso Mínimo Vital. En relación al Ingreso Mínimo Vital, se mejora su cobertura y la agilización de su tramitación para que llegue cuando se necesite a todos aquellos que lo soliciten. Se incluye la posibilidad de solicitar el IMV teniendo en cuenta los ingresos del año en curso y no los de todo el año anterior. Que sea permanente y no sólo hasta 2021 y se reducen de 3 a 2 los años de vida independiente que deben demostrar los menores de 30 años. Se habilita a los servicios sociales para que puedan acreditar algunos requisitos para acceder al IMV y se permite que haya más de dos titulares en un mismo domicilio.
• Garantizar el derecho básico a la vivienda. La Ley de Vivienda acordada contendrá las medidas y mecanismos necesarios para la limitación o bajada de las rentas del alquiler en zonas de mercado tensionado para poner fin a las subidas abusivas, tanto de los nuevos contratos como de los ya existentes.
No menos importante es la inyección de 1.772 millones de euros en fondos adicionales para políticas de vivienda, un incremento del 367,9% hasta alcanzar los 2.253 millones.
Estos Presupuestos Generales del Estado (PGE), son el resultado, principalmente, de una negociación entre dos fuerzas políticas con diferente peso dentro del Gobierno y que representan, en ocasiones, intereses muy distintos. Y, también, lo son de la suma de todos los que han mostrado su interés y disposición a negociar los PGE realmente. Toca ahora al Gobierno, con esta mayoría parlamentaria que los ha hecho posibles, hacer que estos presupuestos sean una realidad.
No será fácil, lo sabemos, pues tenemos experiencia suficiente, para saber que la aritmética parlamentaria a veces no es suficiente. Será necesaria, también, la movilización social y trabajadora. Las derechas están movilizadas y no lo están tanto los sectores más desfavorecidos y más desprotegidos. A pesar de las dificultades de la pandemia, se hace necesaria la presencia en la calle para defender los empleos, para defender los salarios, pensiones, vivienda, derechos y libertades. Esa será la mejor garantía contra las derechas y sus privilegios. En defensa de unos Presupuestos para la mayoría social.
Una aprobación de las nuevas cuentas públicas que significa la derogación de los Presupuestos de 2018 (del PP de Rajoy), prorrogados desde que fueron aprobados en junio de ese año, y que se habían convertido en una rémora para cualquier posibilidad del reforzamiento de los instrumentos públicos que permitieran la consolidación del Escudo Social, avanzar en el reconocimiento de los derechos y en la satisfacción de las necesidades básicas, emanadas de la voluntad popular en las elecciones generales de noviembre de 2019.
Unos Presupuestos Generales del Estado que inauguran una nueva época en la política económica en España, poniendo fin a la etapa neoliberal. Es una apuesta trascendental que permitirá consolidar la actividad del Gobierno de Coalición y avanzar en el programa de legislatura, en un momento de crisis y necesidades crecientes como consecuencia de la pandemia y su impacto, con unas derechas que apuestan por un irresponsable escenario de desestabilización.
La aprobación de los Presupuestos del Estado no se debe confundir con una mayor estabilidad, encaminan el desarrollo de esta legislatura, pero sigue habiendo demasiados problemas encima de la mesa: la pandemia sigue sin estar controlada, la crisis económica y social va a tener un largo recorrido, sigue enquistado el conflicto catalán y, de todo esto, las derechas y diferentes sectores del aparato del Estado se aprovecharán para continuar en su política de polarización y enfrentamiento.
Unas asociación de intereses (formada por toda la derecha, la política, la económica y la funcionarial, desde la de más rancio abolengo y cuna, a la extrema derecha más precaria, alimentada en tiempo de crisis por las ideas fascistas) de la que sabemos, a poco que conozcamos la historia más reciente de nuestro país, desde la crisis del petróleo 1973, del esfuerzo titánico que hacen para defender su “status quo”, para mantener unos intereses y privilegios que aún consideran propios en razón del Fuero de los Fijosdalgo. Nada nos debería sorprende, en este sentido, su empeño en que el debate se vea reducido a un retahíla de términos, que más que argumentar desde la divergencia, apenas sirven para descalificar y tratar de deslegitimar: “falta de sensatez, populismo, traspaso de líneas rojas, fusilar a 26 millones de hijos de puta”… Todas y cada una de ellas con una sola obsesión: hacer caer al Gobierno.
Decir que estos presupuestos están en contra de los intereses de España y son populistas sólo obedece a la realidad de alguien que, o bien tiene poco contacto con la mayoría social de cualquier pueblo, ciudad o barrio trabajador de nuestro país, o si lo ha hecho no ha sentido ninguna empatía con las personas que viven allí.
Por esta razón será difícil que reconozcan que los Presupuestos que el Congreso aprobó las semanas pasadas son los más sociales y redistributivos de las últimas décadas. Con un aumento de la inversión en Sanidad y Educación en un 75,3% y un 70,2% respectivamente; que aumenta la inversión en Vivienda en un 367,9%; que incrementa las partidas destinadas a hacer efectiva la Ley de Dependencia con 2.534 millones, es decir un 34% más; que blinda las pensiones o que plantea un esfuerzo inversor que supone una subida del 138% para reforzar nuestro modelo productivo, son unos Presupuestos que atendiendo a la actual situación producida por la Covid-19, priorizan las necesidades de la mayoría social.
• Protección social. Fortalecimiento de la protección social con un incremento de 2.000 millones de euros para las políticas activas de empleo. 200 millones para vigorizar y modernizar los servicios sociales públicos. La actualización de las pensiones con el IPC y la subida de las no contributivas al doble del IPC. Un incremento del 5% en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), congelado desde hace diez años, con el objetivo de mejorar todas las prestaciones y ayudas vinculadas a este índice.
• Impulso económico. Los presupuestos apuestan por consolidar las posiciones de los productores y, no menos importante, mejorar las condiciones de vida de la población que vive de la agricultura y la pesca, un objetivo que es inaplazable. El presupuesto aumentará en 781 millones, un 10%, alcanzando los 8.405 millones de asignación.
Cultura dispondrá de 1.124 millones de euros, un 24% más que en los últimos ejercicios.
El plan de impulso al sector turístico estará dotado con 4.262 millones de euros, elevando a casi 20.000 millones el monto total que ha destinado el gobierno para apoyar al sector, ya que desde el inicio de la pandemia se han venido implementando diferentes medidas de choque que han beneficiado tanto a trabajadores como a las empresas.
• Educación. Las partidas destinadas a educación crecerán en 2021 más de 2.000 millones de euros hasta alcanzar los 4.893 millones, un 70,2% más que en 2020. De ese total, 2.090 millones de euros se destinarán a becas. 250 para el reforzamiento y la extensión de las universitarias. La dotación para el sistema general de becas y ayudas al estudio asciende a 1.984 millones de euros, un 35% más que en el año anterior. El incremento más importante de los últimos años. También se impulsa un Plan de Modernización de la Formación Profesional para facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes que contará con 1.500 millones.
• Dependencia. Reversión de los recortes aplicados desde 2012 en las políticas de dependencia, con un incremento del 46% en la aportación del Estado para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones. Son más de 600 millones de euros para el Sistema de Dependencia a los que se sumarán otros 700 de los fondos europeos para inversiones, destinados a mejorar la atención de los mayores, para que cambie paulatinamente el actual modelo de residencias a otro centrado en la atención a domicilio.
• Conciliación y sistema de cuidados. Se apuesta por el refuerzo de la conciliación y el sistema de cuidados, situándolo en el centro de las políticas públicas en esta materia, con 200 millones de euros para impulsar la educación de 0-3 años, 300 para igualar los permisos de maternidad y paternidad (16 semanas con carácter intransferible y remuneradas al 100%) y 200 millones para la conciliación de familias con niños y niñas menores de 14 años mediante la contratación pública de cuidadores profesionales El objetivo es que estas medidas constituyan unos primeros pasos para construir un Sistema Público de Cuidados.
• Sanidad. Incremento en más de 3.000 millones de euros de los presupuestos para reforzar la sanidad pública.
• Transición ecológica. Las partidas para la transición ecológica y la lucha contra la emergencia climática se traducen, entre otros aspectos, en 2.000 millones de euros de impulso a las energías renovables y la inversión de 4.000 millones para dos medidas fundamentales: la rehabilitación de entre 150.000 y 200.000 viviendas al año como medida de eficiencia energética y el impulso del coche eléctrico mediante ayudas a la adquisición, puntos de recarga y baterías. Se destinan 2.500 millones de euros para la investigación y la digitalización en todos los ámbitos, así como el refuerzo a las políticas de investigación y desarrollo, la inteligencia artificial y la capacitación digital.
• Fiscalidad más justa. Subida del impuesto de sociedades para los grandes grupos empresariales, limitando las exenciones en dividendos y plusvalías por su participación en filiales. Aumento de un punto en el impuesto al patrimonio para más de diez millones de euros. Subida de tres puntos del IRPF para rentas de capital superiores a 200.000 euros. Subida de dos puntos del IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Tributación mínima del 15% para las SOCIMIs. Reducción en las desgravaciones de los planes privados de pensiones.
• Refuerzo del Ingreso Mínimo Vital. En relación al Ingreso Mínimo Vital, se mejora su cobertura y la agilización de su tramitación para que llegue cuando se necesite a todos aquellos que lo soliciten. Se incluye la posibilidad de solicitar el IMV teniendo en cuenta los ingresos del año en curso y no los de todo el año anterior. Que sea permanente y no sólo hasta 2021 y se reducen de 3 a 2 los años de vida independiente que deben demostrar los menores de 30 años. Se habilita a los servicios sociales para que puedan acreditar algunos requisitos para acceder al IMV y se permite que haya más de dos titulares en un mismo domicilio.
• Garantizar el derecho básico a la vivienda. La Ley de Vivienda acordada contendrá las medidas y mecanismos necesarios para la limitación o bajada de las rentas del alquiler en zonas de mercado tensionado para poner fin a las subidas abusivas, tanto de los nuevos contratos como de los ya existentes.
No menos importante es la inyección de 1.772 millones de euros en fondos adicionales para políticas de vivienda, un incremento del 367,9% hasta alcanzar los 2.253 millones.
Estos Presupuestos Generales del Estado (PGE), son el resultado, principalmente, de una negociación entre dos fuerzas políticas con diferente peso dentro del Gobierno y que representan, en ocasiones, intereses muy distintos. Y, también, lo son de la suma de todos los que han mostrado su interés y disposición a negociar los PGE realmente. Toca ahora al Gobierno, con esta mayoría parlamentaria que los ha hecho posibles, hacer que estos presupuestos sean una realidad.
No será fácil, lo sabemos, pues tenemos experiencia suficiente, para saber que la aritmética parlamentaria a veces no es suficiente. Será necesaria, también, la movilización social y trabajadora. Las derechas están movilizadas y no lo están tanto los sectores más desfavorecidos y más desprotegidos. A pesar de las dificultades de la pandemia, se hace necesaria la presencia en la calle para defender los empleos, para defender los salarios, pensiones, vivienda, derechos y libertades. Esa será la mejor garantía contra las derechas y sus privilegios. En defensa de unos Presupuestos para la mayoría social.