La situación de emergencia sanitaria y preocupación ciudadana exige de los poderes públicos actuar con la máxima diligencia, no solo para salvar...

Nocturnidad y precipitación, así no

bar - restaurante

La situación de emergencia sanitaria y preocupación ciudadana exige de los poderes públicos actuar con la máxima diligencia, no solo para salvar vidas, sino también para evitar el colapso económico y social  de una sociedad que tras nueve meses de pandemia ve peligrar gravemente su futuro

La decisión de cerrar en apenas dos horas la actividad lúdica y empresarial, con precipitación y sin previo aviso en fin de semana, vuelve a poner en riesgo sectores como la hostelería a la que se asesta el enésimo golpe de gracia cuya actividad difícilmente se repondrá. De hecho, Jesús Martín, el alcalde de la localidad valdepeñera reconocía este lunes que las cosas no se habían hecho bien y pedía disculpas por ello.

Lo que en roman paladino se conoce como aplicar remedios que pueden ser peores que la propia enfermedad, e incluso matar moscas a cañonazos, puede ayudar sin duda a prevenir y salvar vidas, aunque a costa de cercenar un tejido productivo bajo mínimos que se hunde cada día más.

No es pura coincidencia que catalanes, vascos, gallegos, aragoneses, valencianos, castellanos, andaluces o incluso manchegos se hayan puesto de acuerdo para protestar por el derrumbe de un sector en “situación insostenible” que cada semana echa el cierre de sus negocios sin solución de continuidad.

La prudencia de hosteleros y restauradores -incluidos bares o tabernas- para pronunciarse contra las desacertadas medidas que cercenan más su actividad, es directamente proporcional a las erráticas decisiones administrativas ejecutadas con nocturnidad. De su actividad dependen cientos de familias, además de los empleos y, lo que es peor, el principal elemento productivo de la Ciudad del Vino.

Aunque en las actuales circunstancias, la primera obligación de las Administraciones Públicas debe ser la protección de vidas humanas, no lo es menos que facilitar también las condiciones de viabilidad productiva y empresarial de la que depende la maltrecha economía y unos empleos depauperados en peligro de extinción.

Las empresas destruidas en España desde el comienzo de la pandemia se acercan ya a las 100.000, situando el número de cotizadas en 1.403.578, el más bajo desde 2014. Tampoco es casual la caída del PIB que, según el Banco de España, llegará al -11,6% con una destrucción de puestos de trabajo del 17,1%.

Así, no.