
Izquierda Unida de Valdepeñas quiere que el Ayuntamiento promueva y gestione un parque público de vivienda en alquiler. Dicen que el gran problema de los jóvenes para acceder a una vivienda es precisamente la falta de oferta de alquileres a precio asequible.
En Unidas por Valdepeñas creen que la solución al problema de vivienda entre los jóvenes se enmendaría con leyes que prohíban la compra de vivienda con fines especulativos y que obliguen a que los contratos de alquiler sean indefinidos. También, que se restrinja el número de pisos turísticos.
La cesión desde el Ayuntamiento, de dos parcelas a la Junta de Castilla-La Mancha para que promueva la construcción de viviendas protegidas para su venta a precios asequibles, son para este grupo político, una decisión errónea.
Los ayuntamientos carecen de cualquier competencia en materia de vivienda (un ámbito que comparten la administración central y la autonómica), lo que para Izquierda Unida de Valdepeñas no es óbice para que el Ayuntamiento se lance a promover un parque público de viviendas en alquiler. Y apuntan que para ello, el consistorio podría coordinarse con la nueva empresa pública de vivienda, la sociedad estatal SEPES, señala el concejal portavoz de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla.
Su compañero, el también concejal David Casado, ha explicado el voto de su grupo en contra de que se aplique la cláusula de revisión del precio que cobra la empresa que realiza el servicio de limpieza viaria. Una cláusula reflejada en el contrato de la concesión administrativa, que ha supuesto un incremento de 26.000 euros en dos años y que salió adelante en el pleno. El voto en contra de UxV, de haberse impuesto, supondría el incumplimiento de un contrato público en la administración.
Casado señala que esa oposición es una forma de "pataleta" con la que presionan al equipo de gobierno, en el sentido de recuperar la gestión directa de los servicios municipales y prescindir de realizar contratos, que no sean estrictamente necesarios. Casado sostiene que algunos de estos contratos para la privatización de servicios municipales no van avalados por informes técnicos.