El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley del Juego de Castilla-La Mancha, “una ley más restrictiva, con mayores limitaciones y con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a los menores de edad” tal como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
La nueva normativa sustituirá a la vigente que data de 2013 “a la que siempre nos opusimos cuando estuvimos en la oposición porque entendíamos que se podrían incrementar exponencialmente este tipo de establecimientos en nuestros pueblos y ciudades y así ha sido”. De hecho, este tipo de establecimientos se han multiplicado por cuatro en siete años, pasando de 51 en 2013 a 200 en 2020.
La portavoz ha destacado algunas de las novedades más importantes de este proyecto de ley, entre ellas, la introducción por primera vez en la normativa regional un conjunto de principios rectores sobre los que se sustentarán las políticas públicas de esta Administración en materia de juego, que pasan por la prevención de las conductas adictivas y el fomento del juego responsable, para lo cual se establece la creación del Observatorio de Juego Responsable, con el fin de proponer todas políticas públicas encaminadas hacia las buenas prácticas.
También se fija un régimen de publicidad más restrictivo, prohibiéndola en general. Y, además, recoge las adaptaciones técnicas propuestas por el Consejo Consultivo, concretando cuándo los ayuntamientos pueden declarar en su término municipal zonas saturadas de locales de juego.
Otra de las novedades tiene que ver con la ubicación de los establecimientos de juego, que no podrán estar situados a una distancia inferior a 150 metros entre sí para evitar una excesiva concentración, a la vez que deberán guardar una distancia mínima de 300 metros respecto a los accesos principales a centros oficiales de enseñanza reglada para impedir que sean un reclamo para los estudiantes. Si bien, esta medida no afectará a bingos o casinos.
No obstante, la limitación en cuanto a las distancias no puede afectar a los locales que ya están autorizados, pero sí cuando vayan a solicitar la renovación. En este sentido, se establece un régimen transitorio que afecta fundamentalmente a los establecimientos cuya fecha de renovación está más próxima. Pero, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2028 se han de cumplir los requisitos de ubicación de todos los locales que estén en funcionamiento en la región.
Asimismo, se refuerza el control de acceso a los establecimientos, de forma que cada una de las entradas de las que disponga el local cuente con un sistema automatizado destinado a impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido.
Además, se hace una importante revisión de todo el régimen sancionador, para incluir nuevas conductas como muy graves que no estaban tipificadas expresamente en la actual ley y para incrementar el importe de las sanciones que pueden imponerse. Igualmente, se incluye un régimen tributario más completo, con una adecuación de los tipos impositivos al resto de comunidades autónomas.
“Creemos sinceramente que hay que ordenar este sector, que, si bien es cierto tiene derecho a formar parte del tejido productivo de Castilla-La Mancha, hay que compatibilizarlo con el interés general y con la prevención de la ludopatía y de la adicción al juego. Y ese es el objetivo de esta ley entendemos que se puede cumplir que está diseñada para ello”, ha dicho la consejera.
Indicar por último que, en cuanto a los plazos, tras su paso por las Cortes de Castilla-La Mancha, se prevé que entre en vigor en el segundo semestre del presente año.
