Castilla-La Mancha contará este año con nueva Ley de la Viña y el Vino
Castilla-La Mancha, pese a ser la primera región en superficie y producción de vino, no contaba con una Ley de la Viña y el Vino tras la decisión de derogarla por parte del anterior Gobierno hace dos legislaturas. Ahora, esta regulación tan determinante se va a recuperar en consenso con el sector, apostando por la calidad de los productos vitivinícolas y con el objetivo de transmitirlo al exterior para llegar a mercados y al consumidor.
Se trata que los consumidores elijan el mejor vino, el que se produce en la comunidad, elaborado en una tierra donde se dan las características apropiadas para la elaboración de este producto y donde se cuenta con la tecnológica más puntera.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mantenido en la mañana de este jueves una reunión por videoconferencia con el sector del vino, a la cual han asistido representantes de UPA, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha; así como de la Federación regional de vinos, alcoholes y mostos de Castilla-La Mancha (FEVIN); la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (ADEVIN); también de la Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha y la Asociación Empresarial de Zumos de Uva y Mostos de España (AZUME) y la Asociación Española del Vinagre (AEVIN).
Acompañado por las directoras generales de Alimentación y Agricultura y Ganadería, Elena Escobar y Cruz Ponce, respectivamente, Martínez Arroyo ha presentado el borrador de la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, una normativa que, ha asegurado, “va a permitir regular las actividades de toda la cadena vitivinícola”.
Se va a trabajar, ha dicho, mano a mano con el sector para concretar algunos aspectos de la futura normativa que plantea, en primer lugar, una apuesta por la autorregulación.
Para ello, se propone la creación de una Interprofesional regional del Vino de Castilla-La Mancha, que pueda tomar decisiones en relación a cada campaña para decidir cuánto vino, cuánto mosto o alcohol de uso de boca queremos hacer en cada momento en la comunidad, por ejemplo.
En segundo término, esta normativa amparará las decisiones de la reducción del rendimiento, de la regulación de grado mínimo de entrada de uva en bodega o de orientación de productos según grado de la uva, entre otros, aportando más calidad y más transparencia.
Se creará, además, ha explicado el consejero, un Comité Regional Vitivinícola a demanda del sector en el que, por petición del mismo, participará la Administración. Será un foro permanente y estable de interlocución.
También se reconoce el papel de la Tierra de Viñedos y se apuesta por la protección del eslabón más débil de la cadena: los viticultores.
En defensa de los viticultores
En este sentido, ha indicado que el objetivo tras esta normativa es “la defensa de los viticultores y los trabajadores agrícolas que nos ayudan en las tareas del campo. Es el deber de un Gobierno como el nuestro, que lo que quiere es dar sostenibilidad a toda la cadena vitivinícola, pero se preocupa especialmente de los que más necesidad tienen de que existan normativas que amparen sus intereses”, ha suscrito.
Martínez Arroyo ha citado, además, el cambio normativo de los vinos de Reserva y Gran Reserva, que van a tener que pasar un tiempo mínimo en botella antes de su comercialización. De esta manera, sería un periodo de seis meses para los caldos reserva y doce para los gran reserva.
Nueva convocatoria de reestructuración de viñedo y pago de 4 millones para viticultores
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado este jueves, además, del próximo abono de reestructuración de viñedo.
Éste, que es el segundo pago de la actual campaña que se inició en octubre del año pasado, llegará el viernes 12 de febrero a las cuentas de los viticultores: 4 millones 468 viticultores y una superficie de 1400 hectáreas aproximadamente.
En total, entre ambos pagos, se habrán abonado 10 millones de euros a 1.000 viticultores para reestructurar alrededor de 3.000 hectáreas en la región.
Será también la semana que viene cuando, según ha explicado el consejero, se publicará la nueva convocatoria de reestructuración de viñedo. Ésta, ha finalizado, es una medida muy importante “que permite modernizar el sector y adaptarlo a la situación en la que se encuentra la agricultura a nivel nacional e internacional y garantiza la rentabilidad de las explotaciones de nuestros viticultores”.